Cataluña incluirá la renta básica universal en el presupuesto de 2023 por primera vez en España

Los presupuestos que prepara la Generalitat de Cataluña para 2023 incluirán el establecimiento de una renta básica universal,  según fuentes consultadas por OKDIARIO. Será la primera vez que este experimento se pone en práctica en España, y es el fruto de un pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, que sostiene al Govern del que también forma parte Junts per Catalunya. La iniciativa requerirá una inversión de entre 80 y 90 millones. En primera instancia, cinco mil personas percibirán —además de su salario, pensión, ayuda o nada— una asignación mensual equivalente al umbral de la pobreza de la autonomía, alrededor de 800 euros, aunque está cantidad está por definir.

El responsable del plan piloto para implantar la renta básica  en Cataluña es el sociólogo Sergi Raventós, catedrático de la Universidad de Barcelona. Su argumento principal es que, «sin tener las necesidades básicas cubiertas, nadie puede ser libre». En la actualidad, no hay ningún país del mundo en el que esté vigente la renta básica universal, aunque se han hecho varias pruebas temporales en diferentes estados.

La última fue en Finlandia a partir de 2017 y el resultado fue un completo fracaso. Según la entonces ministra finesa de Salud Pirkko Mattila, la ayuda no contribuyó a que los desocupados -en los que se centró el ensayo- encontraran un empleo. Eso sí: los favorecidos declararon sentirse «más felices y menos estresados». Esto no debió parecer lo suficientemente convincente al gobierno de Helsinki, que decidió cancelar el programa.

En el caso de Cataluña, una renta básica de 800 euros para un total de 5.000 personas equivale a un gasto de 16.000 euros por cada perceptor, que, de acuerdo con la filosofía que inspira este instrumento, radicalmente distinto de un paliativo social, se entregará con independencia de los ingresos que obtenga por otros cauces. En realidad, para que el experimento catalán fuera congruente con su principio inspirador, la entrega del dinero debería ser aleatoria, de modo que, por ejemplo, podría beneficiar a Gerard Piqué, el multimillonario jugador del Barcelona.

Después de que se ponga en marcha la prueba en 2023, y durante los dos ejercicios siguientes, se analizarán los resultados con la ayuda del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), acompañado de un consejo asesor, un comité ético y  un comité científico.  De los entre 80 y 90 millones del coste estimado para la puesta en marcha de la renta básica, el aparato burocrático requerirá un desembolso de 4 millones.

Raventós asegura tener claro que un plan piloto está lejos de tener los efectos de una renta básica universal real. «Pero nos dará más información, argumentos, herramientas, debate y conocimiento social. Mucha gente sigue confundiendo la renta básica con el ingreso mínimo vital y las ayudas autonómicas contra la pobreza y no es lo mismo», matiza.

En efecto, la renta básica universal se caracteriza por ser una aportación pública incondicional a todos y de manera individual, y no requiere de presentación alguna de prueba de medios ni solicitud de disponibilidad para trabajar. Se trata de una renta conferida a cualquier persona en forma de derecho económico. Es decir, la podría recibir perfectamente la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el caso de que se extendiera a nivel nacional, o en el caso de Cataluña Isidro Fainé, presidente de Criteria Caixa y de la Fundación Bancaria La Caixa.

En una reciente entrevista a Sergi Raventós en la revista Alternativas Económicas y preguntado por qué habría que apostar por una ayuda universal también disponible para las personas ricas respondió: «Disponer de servicios universales es la mejor manera de cubrir la atención de toda la ciudadanía. Diversos estudios concluyen que estos son, además, los mejor valorados. La ultraderecha, por ejemplo, expande la idea de que las ayudas a los más pobres son la ‘paguita’. Pero, además, el hecho de plantear un servicio universal ahorra muchísimo dinero en un absurdo aparato burocrático de control para decidir quién merece la ayuda».

Según Raventós, y de acuerdo con datos de Naciones Unidas, «entre el 40% y el 70% de las prestaciones sociales, normalmente condicionadas, no llegan a la población que las necesita. No accede a ellas bien por falta de conocimiento, o de recursos para poder gestionarla, o por el estigma de pedirla, o por el cansancio de los trámites necesarios. Y luego está la trampa de la pobreza: hay personas para las que aceptar un empleo supone un riesgo alto de perder la prestación por un trabajo precario, mal pagado y que dura un mes o dos. Hay igualmente evidencia empírica del total fracaso del ingreso mínimo vital».

La críticos con la renta básica universal, que son legión, opinan sin embargo que un ingreso generalizado e incondicional al margen del trabajo socava los fundamentos del capitalismo y disuade a los ciudadanos de ingresar en el mercado laboral legal, propiciando el fraude y la economía sumergida.