Los camioneros avisan: «Cientos de empresas desaparecerán si el Gobierno no soluciona los problemas ya»

• Andrea Aguado @AguadoRobles
• Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.
• • 11/12/2021 06:45
  • Actualizado: 11/12/2021 10:26

Los transportistas lo tienen claro. No cancelarán el paro patronal programado para los días 20, 21 y 22 de diciembre, ya que la última propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar la situación que vive el sector es «insuficiente» y podría tardar hasta un año en aplicarse porque afecta a modificaciones normativas. Ante este escenario, alertan de que cientos de empresas desaparecerán en 2022 si no se elimina la futura implantación del uso de carreteras por pago con peajes o si no se impone una cláusula obligatoria en función de la variación del precio del gasóleo.

Así lo ha confirmado Dulsé Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), en conversaciones con este diario, que ha explicado que «el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó este jueves un nuevo documento de propuestas que, suponiendo un cierto avance respecto al anterior, aún queda lejos de los objetivos y las necesidades del sector para mejorar las condiciones laborales de los conductores, así como un pulmón económico inmediato para profesionales y empresas».

«Nuestro departamento jurídico está revisando el documento aún, son muchas páginas y no podemos dar una respuesta al Gobierno de forma inmediata. Pero el principal escollo es que, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quiere aprobar las medidas para mejorar la situación del transporte por carretera a través de una tramitación de ley, lo que podrías alargar su aplicación hasta 2023, y nosotros pedidos que sea mediante un decreto-ley para que las medidas tarden como máximo 60 días», explica Díaz.

Además, recalca que «la principal petición que se ha hecho al Gobierno es la necesidad de que estas medidas se introduzcan por un procedimiento legislativo de extrema celeridad, en atención a la situación crítica y de urgente necesidad por la que atraviesa el sector». «Cientos de empresas desaparecerán si el Gobierno no soluciona los problemas ya», avisa el secretario general adjunto de CETM.

«El sector ya no aguanta más, llevamos desde 2018 pidiendo al Ejecutivo que pongan en marcha medidas para salvar a los camioneros y transportistas de la ruina e incluso hemos sufrido los efectos derivados de la pandemia mientras miraban para otro lado», critica. Entre las peticiones del sector del transporte al Gobierno destaca la prohibición de cargar y descarga por parte del conductor, la aplicación de una cláusula obligatoria en función de la variación del precio del gasóleo, la paralización de la puesta en marcha de la euroviñeta, la reducción de los tiempo de espera en la carga y descarga con compensación obligatoria y la devolución de los importes atrasados del céntimo sanitario -aún hay casi 2.000 millones de euros pendientes-.

Primeras propuestas

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que las negociaciones con los transportistas han avanzado de forma «significativa», con el objetivo del Gobierno puesto ahora en evitar que lleven a cabo el paro anunciado entre el 20 y 22 de diciembre. Aunque los camioneros siguen en sus trece y no prevén cambiar de postura.

En la anterior reunión, el Gobierno propuso a las patronales la limitación para que la carga y descarga no la realicen los camioneros, pero sin llegar a prohibirlo, algo que también propuso para la revisión de precios del diésel, que el Gobierno también limita pero no prohíbe.

Entre el resto de propuestas trasladadas por el Gobierno al CNTC, también se encuentra el compromiso por escrito de que no se introducirá ningún peaje a los transportistas sin el consenso del sector, la ampliación de la altura y la masa máxima permitida en ciertos camiones, 20 millones de euros en ayudas para construir zonas de aparcamiento seguras de iniciativa privada, 400 millones para la renovación de flotas y 143 millones para la digitalización y capacitación digital.