Sánchez permite que el transporte del Este se quede con el negocio del camión español en plena huelga 

El camión español se ha quedado sin margen de beneficio. La escalada del precio de los carburantes, unida a las subidas fiscales y de las cotizaciones sociales, ha situado al borde de la subsistencia a infinidad de transportistas españoles. Los camioneros amenazan ya con paros indefinidos tras la huelga prevista para esta Navidad. Sánchez ningunea al sector. Y, encima, en medio de todo ello, el Gobierno retrasa la aplicación de una norma que impediría la invasión del transporte del Este: las denominadas empresas buzón, que se han hecho ya con el 25% del transporte nacional procedente del extranjero en base a deslocalizar la ubicación oficial de las empresas a países con menor saqueo fiscal.

La patronal del transporte Fenadismer ha calificado ya esta última jugada de Sánchez como una “prueba más del abandono y falta de preocupación que sufre el sector del transporte por carretera por parte de las Administraciones Públicas”. Se trata del retraso en la trasposición de las Directivas europeas que afectan al sector, en especial la relativa al desplazamiento de conductores extranjeros en España.

En la actualidad, más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en España lo realizan empresas de transporte domiciliadas en países del Este de Europa, con costes laborales y fiscales hasta ocho veces inferiores a los que pagan las empresas españolas.

Deslocalización

Pese a que en el último año Fenadismer ha venido reclamando de forma insistente “la necesidad de tramitar la aprobación de dicha regulación en España para poder controlar la competencia desleal que en los últimos años viene soportando el sector por parte de estas empresas de transporte extranjeras, muchas de ellas pertenecientes a grandes flotistas españoles, que han deslocalizado artificialmente las sedes de sus empresas en dichos países, con un evidente fraude tanto laboral como fiscal, sin embargo, sorprende la absoluta dejadez con que el Gobierno ha actuado en este asunto”, señalan desde la patronal. Y es que se ha retrasado al máximo la aprobación de esta directiva, pese a la presión de la UE, y pese al daño que está ocasionando a los camineros españoles.

Dicha regulación fue incluida por la Unión Europea en el denominado Paquete de Movilidad aprobado en julio del pasado año, el cual incluyó, entre otras medidas, la aprobación de la Directiva europea sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea, que exige que los conductores que realicen operaciones de transporte internacional o de cabotaje perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado, excluyendo de esta obligación a los transportes en tránsito así como a los transportes bilaterales.

Para su control la empresa de transportes deberá realizar previamente a la realización del servicio de transporte una declaración de desplazamiento de sus conductores, que deberá enviar a un sistema electrónico centralizado en la Comisión Europea, para posteriormente el Estado de acogida, es decir, el país donde se presta el servicio, poder controlar la correcta realización del mismo y el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Sin embargo, “al parecer las diferencias entre el Ministerio de Trabajo y de Transportes sobre dicha regulación han llevado a que a fecha de hoy siga sin tramitarse la nueva Ley, lo que previsiblemente impedirá que España pueda aplicar en nuestro país la Directiva europea, y en consecuencia que las “empresas buzón” (como se denomina coloquialmente a las empresas deslocalizadas) puedan seguir trabajando en nuestro país con total impunidad. ocasionando un gravísimo daño a las empresas transportistas españolas”, aclaran desde Fenadismer.