Cambio radical en la ley de alquileres: el palo a los propietarios es oficial y son muy malas noticias

• Blanca Espada @blank7133
• Redactora de contenidos en OkDiario. Escribiendo para blogs y empresas de contenidos digitales desde 2007.
• • 04/05/2025 08:30
  • Actualizado: 04/05/2025 08:30

La nueva reforma de la ley de alquileres en España, presentada como una herramienta para garantizar estabilidad a los inquilinos, está afectando a muchos propietarios en relación al derecho de uso y gestión de la que es su vivienda. El Gobierno ha oficializado una normativa que, en la práctica, limita de forma drástica la capacidad de los arrendadores para recuperar sus propiedades, incluso cuando hay impagos de por medio.

Este nuevo marco legal introduce una figura clave: el derecho de permanencia, que permitirá a los inquilinos quedarse en la vivienda incluso tras la finalización del contrato o en algunos casos aunque no estén cumpliendo con el pago del alquiler. Y no se trata de un matiz menor. Es un cambio estructural en las reglas del juego del mercado de la vivienda, en el que los propietarios ahora se ven forzados a asumir un riesgo mayor sin necesariamente recibir garantías proporcionales. Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras que las asociaciones de inquilinos celebran esta reforma como una conquista social, las de propietarios alertan sobre sus consecuencias. ¿El resultado previsible? Una nueva sacudida en un mercado ya tensionado, con una oferta cada vez más limitada y unos precios que no dejan de subir.

Cambio radical en la ley de alquileres: el palo a los propietarios

La clave de esta reforma está en el derecho de permanencia que se concede a los inquilinos. Según la ley de alquileres, si el contrato se firmó a partir del 6 de marzo de 2019, y tiene una duración inferior a cinco años (o siete, si el arrendador es una empresa), este se prorrogará automáticamente hasta completar dicho periodo. Es decir, el arrendador ya no puede recuperar su vivienda libremente antes de ese plazo si el inquilino sigue cumpliendo con las condiciones mínimas estipuladas.

Pero la novedad más controvertida es otra: aunque el contrato finalice, el propietario no podrá echar al inquilino de manera automática. Si este alega vulnerabilidad económica o cumple con ciertos perfiles sociales protegidos, podrá permanecer en la vivienda más allá de lo previsto. Esto incluye a personas desempleadas, con problemas de salud o que tengan a su cargo menores, ancianos o personas dependientes.

La idea detrás de esta medida es clara: proteger a quienes tienen más difícil acceder a una vivienda estable. Sin embargo, para los propietarios, esto puede suponer años sin poder disponer de su inmueble incluso cuando el contrato ya ha vencido o el inquilino no paga.

El problema del impago y los desalojos congelados

Uno de los puntos más polémicos es que el nuevo marco legal reduce enormemente las posibilidades de desalojo incluso en casos de impago. La ley habilita al juez a suspender el desalojo si el inquilino demuestra una situación de vulnerabilidad económica. Esto, en principio, suena razonable. Pero en la práctica, los procesos judiciales pueden alargarse durante meses, incluso años, dejando al propietario sin ingresos y con la imposibilidad de hacer uso de su propiedad.

En situaciones extremas, como las vividas durante la pandemia, el Gobierno ya estableció moratorias similares. Pero ahora esta lógica se extiende de forma permanente en algunos supuestos. Incluso quienes ocupan ilegalmente una vivienda los conocidos como okupas pueden beneficiarse de estas dilaciones mientras dure el proceso judicial.

Desde las asociaciones de propietarios, esta medida ha sido duramente criticada. Alegan que desincentiva poner inmuebles en alquiler, alimentando un círculo vicioso: menos oferta, más demanda y precios que siguen disparándose. También se denuncia la inseguridad jurídica que genera en quienes necesitan recuperar su vivienda por motivos personales, como venderla, usarla para sí mismos o sus familias.

Un mercado inmobiliario tensionado y con menos oferta

Las consecuencias de esta reforma ya se dejan ver en el mercado. Muchos propietarios están optando por retirar sus viviendas del alquiler tradicional y pasarlas al mercado turístico o vender directamente. La lógica es sencilla: menos riesgos, menos complicaciones legales y más rentabilidad a corto plazo. Esto implica una caída en la oferta de vivienda en alquiler, justo cuando más se necesita.

Al limitar las herramientas legales que tienen los propietarios para actuar frente al impago o para finalizar un contrato, la ley podría tener un efecto contrario al deseado. En lugar de aumentar la protección general de los inquilinos, podría terminar perjudicándolos, ya que encontrar una vivienda en alquiler será cada vez más difícil y caro.

La situación es especialmente grave en las grandes ciudades y en zonas tensionadas, donde la demanda supera ampliamente a la oferta. Aquí, cualquier modificación que reduzca aún más la disponibilidad de viviendas repercute de forma directa en el precio final que paga el inquilino.

El Gobierno sin embargo, defiende la reforma como una herramienta para garantizar el derecho a una vivienda digna. Pero quienes poseen una o dos propiedades y las alquilan como complemento a su jubilación o como inversión, sienten que se les está imponiendo una carga demasiado pesada.