Calviño dice que habrá que volver a la austeridad pero fomenta que 21 millones de personas ‘vivan’ del Estado

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que el impacto del Covid-19 en la economía tendrá forma de «V asimétrica» y la recuperación se iniciará en la segunda mitad de este año. Asimismo, ha asegurado que se está empezando a ver una «cierta estabilización» en el mercado de trabajo. Entre otras cuestiones, también ha dicho que será «imprescindible» volver a la estabilidad presupuestaria cuando pase la «crítica» situación.

Esto lo ha señalado en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso, pero ‘olvida’ varias cosas. En primer lugar, que mientras que hace un llamado a la vuelta a la austeridad su Gobierno se enorgullece de que haya 21 millones de personas cobrando del erario público (incluyendo pensionistas, parados, prestaciones por cese de actividad, ERTE, funcionarios y empleados públicos). Además, el Gobierno quiere aprobar una renta mínima de inserción -que se empezará a cobrar en junio y que costará entorno a 3.000 millones anuales-, según las cifras que ha facilitado el ministro de Inclusión José Luis Escrivá.

En segundo lugar, la ministra de Asuntos Económicos tampoco tiene en cuenta cuando habla de «estabilización» del mercado de trabajo que hay muchas empresas que avisan que tendrán que despedir a sus trabajadores cuando acabe el confinamiento y se instaure la «nueva normalidad» de la que habla Sánchez. De hecho, aunque el Gobierno habla de estabilización laboral no hay que olvidar que más de cinco millones de personas cobran una prestación de paro, aunque el Ejecutivo a los parados temporales no los quiera llamar parados.

Calviño ha ensalzado, además, que las previsiones de la Comisión Europea y del resto de organismos están «muy alineadas» con las del Ejecutivo, e incluso apuntan a una recuperación «más intensa» en 2021, con un avance del 7%.

Calviño ha defendido, por otro lado, que las previsiones del Gobierno «son prudentes», coinciden con la de los organismos y están «en línea» con la de otros países, al augurar una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, con una tasa de paro del 19% y el 17,2% en cada caso, al tiempo que prevé un déficit del 10,34% del PIB este año y una deuda pública del 115,5% del PIB, informa Europa Press. No obstante, no ha querido incidir en que junto con Italia España será uno de los países desarrollados que más sufrirá el impacto de la crisis económica como consecuencia de la pandemia, según diversas estimaciones.

Asimismo, ha explicado que la caída del PIB este año se debe al retroceso de la demanda interna, particularmente del consumo privado, aunque ha proyectado el inicio de la recuperación en el segundo semestre. Sin embargo, volver a los niveles previos a la crisis -aunque esta sea corta- será un camino largo del que no menciona nada el Ejecutivo. De hecho, con las proyecciones de los analistas y los servicios de estudios la recuperación total de los niveles del segundo semestre de 2019 no se producirá hasta al menos 2022.

«Los fundamentos de nuestra economía siguen siendo los mismos que hace unos meses nos hacían crecer por encima de la media de los países de nuestro entorno», ha afirmado la ministra durante su comparecencia en la Cámara Baja.

A nivel internacional y europeo, ha dicho que los indicadores adelantados -tampoco habría que olvidar que el Gobierno ha cancelado la elaboración de los indicadores adelantados españoles- reflejan que el impacto a corto plazo está siendo mayor que en la crisis financiera de 2008-2009, con una paralización de importantes sectores de la actividad productiva y la consiguiente alteración de las cadenas de valor globales.