Bruselas prepara un plan de vivienda común sin distinguir mercados tan diferentes como Italia o España

Bruselas está preparando un Plan de Vivienda Asequible, con el que pretende tratar el sector de la vivienda de manera centralizada, sin distinguir las circunstancias de cada país. De hecho, según el informe La Vivienda en Europa (Edición 2024) de Eurostat, en España las familias dedican de media un 17,2% de sus ingresos disponibles al pago de la vivienda (incluyendo las hipotecas y los alquileres), mientras que en Grecia dedican un 35,2% y en Italia un 14,5%.

Sin embargo, parece que el Ejecutivo comunitario ignora que los países de la UE viven situaciones muy diferentes entre sí. Algunos de los casos más llamativos en el lado negativo son el de Grecia, donde la oferta de vivienda es muy escasa y la demanda muy alta, por lo que los precios son desorbitados.

Según el Banco de Grecia, entre el tercer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2024, el precio de venta de la vivienda se ha encarecido un 66%, y  los ciudadanos ya destinan entre un 35% y un 40% de sus ingresos al pago de vivienda.

Además, se estima que hay unas 770.000 viviendas vacías, de las cuales, la mayoría están en manos de bancos que las confiscaron por embargos, pero en la que no se pueden entrar a vivir por la lentitud burocrática.

Y, por otro lado, el caso de España, que experimenta problemas con la turistificación, escasez de vivienda social, y especulación en zonas urbanas. El  precio del alquiler ya supera los 14 euros el metro cuadrado, y los españoles ya destinan de media un 36% de sus ingresos al alquiler, aunque hay regiones, como Barcelona, en la que el porcentaje asciende al 49%.

Según Idealista, los precios de la vivienda en España han subido, entre el tercer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2024, un 53%. Por su parte, el Gobierno español implantó la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo de 2023, que lejos de mejorar la situación, ha provocado el aumento del 24% del precio del alquiler y una caída de la oferta de viviendas para alquiler permanente en un 17%.

Además, la ciudadanía sigue esperando que el Ejecutivo de Sánchez construya las 185 mil viviendas públicas y de alquiler asequible que prometió en 2023, del que, a día de hoy, sólo se ha entregado un 5%.

En el lado contrario, encontramos el caso de Italia, donde, de acuerdo a los datos de Codacons, las tasas hipotecarias han disminuido del  4,92% a finales de 2023, hasta el 3,71% en noviembre de 2024, lo que ha permitido que la financiación de la vivienda sea cada vez más accesible. Igualmente, el país italiano ha puesto en marcha iniciativas como la venta de viviendas en zonas rurales a 1 euro para acabar con las zonas despobladas.

Además, según un informe de Idealista, el país espera estabilidad en las tasas de interés y una oferta constante de propiedades que contribuirán a un crecimiento moderado del sector de la vivienda, con un aumento del 2% en las transacciones de alquiler y del 4% en las rentas.

Bruselas interviene el sector de la vivienda

Si bien es cierto que la Unión Europea (UE) no tiene competencias directas sobre la política de vivienda, la Comisión Europea (CE) puede intervenir indirectamente. De hecho, cada vez influye más sobre la vivienda a través de regulaciones, financiación y directrices vinculadas a ámbitos como la economía, los derechos sociales o el medioambiente.

En concreto, interviene a través de recomendaciones del Semestre Europeo, condiciones para recibir financiación y regulaciones del mercado único, o ayudas estatales.

Por otro lado, en los últimos años, el Ejecutivo comunitario ha empezado a considerar y gestionar la vivienda como un derecho social, en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Este nuevo «derecho» le ha llevado a implementar iniciativas como planes para aumentar la vivienda social y asequible (aunque sin financiación directa suficiente), programas de fondos europeos (FEDER o NextGeneration) que pueden destinarse a rehabilitación energética o vivienda sostenible (aunque esa decisión la toma el gobierno del país en cuestión), normativas que afectan indirectamente al sector, como las del Green Deal, que imponen la mejora de la eficiencia energética de edificios.

El Plan de Vivienda de Bruselas

La UE ahora asegura que la vivienda es un derecho social que se debe garantizar. No obstante, es llamativa su actuación respecto al tema, pues en lugar de tomar medidas que pudieran tener un impacto significativo en el sector (dentro de sus competencias), ha delegado la tarea en la ciudadanía, con la celebración de una consulta pública el pasado 12 de mayo.

Además, cabe recordar que la gestión centralizada de la política europea no contribuye a que la implementación de las medidas para aliviar el mercado de la vivienda tenga éxito, o siquiera tenga un efecto percibible, pues requeriría que el Ejecutivo de los 27 se asegurara que los fondos, las medidas, las recomendaciones o las normativas se aplicaran correctamente desde cada gobierno de los países miembro.

Simultáneamente, se acusa a la Unión de favorecer modelos de negocio que han favorecido la especulación en el sector, como promover que grandes fondos de inversión institucionalizados compren grandes cantidades de viviendas, los conocidos como “fondos buitre”.

De hecho, según la Autoridad Bancaria Europea (ABE), entre los años 2007 y 2021, las compras de viviendas residenciales por inversores institucionales se han triplicado, lo que ha favorecido que el precio de la vivienda suba en numerosas regiones europeas.