Bruselas no detecta en España grandes retrasos en los fondos UE pese a que sólo se ha repartido el 29%

El portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, Maciej Berestecki, ha asegurado que Bruselas no ha detectado «importantes» retrasos en el reparto por parte del Gobierno de España de los fondos de recuperación ‘Next Generation’ como para que la Comisión «tenga que intervenir» para acelerar o mejorar ese reparto. Sin embargo, según los datos del IGAE, actualizados a mes de noviembre, los pagos realizados a cargo de los fondos europeos ascienden a 8.237 millones de euros, un 29% del total del presupuesto de 2022.

Berestecki ha hecho esta valoración durante un encuentro con los medios en Bilbao para informar sobre el impacto de las políticas de la Unión Europea en el País Vasco. Tal y como ha explicado el representante europeo en España, al tratarse de una gran cantidad de fondos, su gestión requiere «un esfuerzo administrativo enorme», por lo que, en principio, lo que han observado desde Bruselas son «algunos pequeños problemas en su distribución o la organización de las convocatorias, en el acceso a las mismas o entre empresas grandes y pequeñas por el volumen de fondos manejados», ha enumerado.

En todo caso, Maciej Berestecki ha reconocido que desde la Comisión no pueden «ver muy en detalle cómo se distribuyen esos fondos a cada proyecto concreto o comunidad autónoma en particular», sino que su función se limita a «evaluar el grado de cumplimiento de las reformas e inversiones que se fijan desde Europa para recibir las partidas solicitadas, así como con «los hitos y objetivos fijados».

A partir de ahí, ha remarcado que se evalúa y colabora desde la Comisión con cada país «de forma regular y casi cotidiana». «Tengo que decir que no vemos unos problemas grandes como para que la Comisión tenga que intervenir en el caso de España», ha reiterado; para añadir que los problemas detectados a nivel español, «se dan también en otros países miembros».

En este punto, ha insistido en que la Comisión no interviene «oficialmente en los problemas de distribución a nivel regional», pero que «si se detectan algunos problemas», se procede a hablar con los gobiernos para «ayudar o aconsejar», pero «no hay una vía oficial para intervenir salvo desde la evaluación del grado de cumplimiento de las reformas».