Bruselas inspecciona por sorpresa plantas de neumáticos en la UE, ante la amenaza de un posible cartel

Al respecto, la Comisión cree que la firma de consultoría puede haber quebrantado las normas de competencia de la UE que prohíben los carteles y otras prácticas restrictivas al haber actuado para «facilitar o instigar» la coordinación de precios entre varios fabricantes. Por su parte, los funcionarios del Ejecutivo comunitario que llevaron a cabo los registros estuvieron acompañados por las autoridades nacionales, según ha precisado la institución en un comunicado.

El caso se remonta a enero de este año, cuando Bruselas abrió una investigación para determinar si varios fabricantes se habían estado coordinando para fijar precios de neumáticos nuevos de recambio para turismos, camionetas, camiones y autobuses vendidos en la Unión Europea, una práctica que viola las reglas comunes en materia de competencia. Estas inspecciones sorpresa son habituales en las investigaciones preliminares que el Ejecutivo comunitario realiza cuando sospecha de prácticas anticompetitivas en algún sector activo en la UE, si bien la Comisión subraya que tales registros «no suponen que las compañías implicadas sean culpables» ni prejuzga el resultado final de las pesquisas.

Respecto a los plazos de investigación, Bruselas no está sujeta a un tiempo concreto en el que concluir el proceso, ya que dependerá de otros factores como la «complejidad del caso, el número de fabricantes implicados o la colaboración de los investigado», recalca la institución.

A finales de 2023, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó demandas contra 13 fabricantes automovilísticos (Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo) por el conocido como cártel de los coches, por el que los fabricantes hicieron un pacto para fijar los precios -entre 2006 y 2013- . Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) declaró a mediados de septiembre de 2015 la existencia de este cártel, por el que la OCU calculó que habría unos cuatro millones de usuarios afectados que habrían pagado un «sobreprecio» por sus vehículos.