Bruselas expedienta a España por intervenir en la OPA de BBVA sobre Sabadell y vulnerar la Ley de Competencia
La Comisión Europea ha dado dos meses al Ejecutivo socialista para responder a todos los problemas
Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España por los poderes discrecionales que da la legislación nacional al Gobierno de Sánchez para frenar operaciones como la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre el Banco Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. La Comisión Europea ha dado dos meses al Ejecutivo socialista para responder a todos los problemas que plantea.
Las cuestiones que plantea Bruselas a España van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno de Sánchez en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.
El envío de esta carta de emplazamiento representa el primer paso en un procedimiento sancionador que abre un periodo de diálogo entre Bruselas y Madrid con el objetivo de resolver las discrepancias existentes. Si no se alcanza un acuerdo, la Comisión Europea podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En cualquier caso, este proceso no tendrá consecuencias prácticas sobre la operación de BBVA para adquirir el Banco Sabadell, ya que la preocupación de la Comisión Europea se centra en la falta de alineación de la legislación española con el Derecho comunitario.
Peticiones de Bruselas a España
Bruselas insta ahora a España a corregir los errores detectados en la transposición de la directiva sobre requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, lo que implicaría reformas de cierta profundidad. En cuanto a la normativa sobre defensa de la competencia, el Ejecutivo comunitario requiere que el Ejecutivo socialista la aplique e interprete de forma adecuada.
Al respecto, fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles que, si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo.
El 24 de junio, el Consejo de Ministros decidió vetar la fusión del BBVA y Sabadell durante tres años y condicionar una unión posterior al mantenimiento del empleo y de las oficinas (lo cual implica la prohibición de despidos) y al mantenimiento del crédito a las pymes.
Según las mismas fuentes, las dos primeras disposiciones otorgan al ministro de Economía una capacidad discrecional de veto y un poder para decidir sobre operaciones bancarias que puede socavar los poderes del Banco Central Europeo (BCE), que son exclusivos en este ámbito.
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