Bruselas culpa a Sánchez de que existan Zonas de Bajas Emisiones: desvela que Europa no obliga a crearlas

La Comisión Europea ha confirmado al Partido Popular en el Parlamento Europeo que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una obligación europea. De hecho, Bruselas confirma oficialmente que es el Gobierno de Pedro Sánchez quien las impone a través de su Ley de Cambio Climático, sin que sea la Unión quien se lo haya exigido.

La respuesta llega a raíz de una pregunta parlamentaria firmada por los eurodiputados del PP Borja Giménez Larraz, Esther Herranz, Susana Solís y Raúl de la Hoz, en la que se hacían eco de la inquietud social que genera la aplicación de estas restricciones entre los ciudadanos españoles, especialmente por el coste asociado al cambio de vehículo.

En su respuesta, el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, ha señalado que la Directiva europea de calidad del aire deja que cada Estado miembro elija, dentro de una lista indicativa, qué medidas adoptará para cumplir con los límites de contaminación. Entre las posibles, se encuentran las ZBE, pero su aplicación «queda a discreción de los Estados miembros y no la impone la Comisión».

«Este enfoque se ajusta al principio de subsidiariedad, que garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía», puede leerse en la respuesta escrita recibida por el Partido Popular.

El comisario señala además en su respuesta que la financiación europea para la calidad del aire debe dar prioridad a las necesidades de los grupos vulnerables, por lo que resulta esencial que los Estados miembros evalúen las repercusiones socioeconómicas de las medidas de mitigación que adopten.

«Lo que hoy confirma la Comisión es lo que cualquier ciudadano que no puede permitirse un coche nuevo ya sabe: que esta restricción la decidió Sánchez, no Europa. Que lo diga por escrito el comisario de Transporte no deja mucho margen para seguir echando balones fuera», indican los populares.

Las ZBE «generan desigualdades»

Precisamente por ello, el eurodiputado Giménez Larraz ha recordado la inquietud que genera la aplicación de esta normativa y las desigualdades que genera: «Para la mayoría de los hogares, la renovación de su vehículo no es viable económicamente, lo que provoca restricciones desproporcionadas y convierte el acceso al centro de las ciudades en un lujo».

Los cuatro eurodiputados recuerdan que España tiene uno de los parques automovilísticos más envejecidos de toda la Unión Europea: la edad media del vehículo es de 14,5 años, y más del 62% de los turismos supera los diez años de antigüedad.

A ello se suma que los vehículos eléctricos representaron menos del 5% de las ventas totales en 2024, lo que evidencia que la renovación del parque móvil hacia tecnologías limpias avanza a un ritmo muy inferior al que exigiría una aplicación generalizada de las ZBE y castiga a quienes no pueden seguir este ritmo.

Por ello, señalan que restringir el acceso a los centros urbanos en función de la etiqueta medioambiental del vehículo supone, en la práctica, penalizar a los ciudadanos con menos recursos, que son quienes conducen los coches más antiguos y tienen menor capacidad para asumir el coste de un vehículo nuevo.

«El Gobierno ha utilizado Bruselas como coartada para una decisión que tomó él solo. Que ahora intente escurrir el bulto ante las familias que no pueden permitirse cambiar de coche es eludir una vez más su responsabilidad. No podemos permitir que sean las personas con menos recursos quienes paguen las consecuencias de la improvisación del Gobierno», concluye el eurodiputado.