Los bancos conceden a sus clientes moratorias en 52.000 hipotecas y 58.000 créditos al consumo

Los bancos españoles han aplazado el pago de sus préstamos a 111.242 clientes hasta el 15 de mayo como consecuencia de la crisis del coronavirus. ¿La cuantía total de estos créditos e hipotecas afectados por la moratoria? 6.615 millones de euros de capital pendiente, según los datos facilitados este jueves por la AEB. El pasado mes de abril las entidades financieras acordaron de forma voluntaria poner en marcha una moratoria sectorial para ayudar a las personas afectadas económicamente por la crisis del coronavirus.

Esta suspensión de los pagos corresponde tanto a préstamos hipotecarios, que suman el 53% del total, como a créditos al consumo (47% restante), y supone más del 70% de las 153.813 solicitudes de aplazamiento presentadas por los clientes desde que se articuló la medida de apoyo a los colectivos más vulnerables.

Concretamente, en cuanto a la moratoria hipotecaria, hasta el 15 de mayo se habían recibido 75.850 peticiones por importe de 8.318 millones de euros, de los que ya se han concedido 52.654 por importe acumulado de 5.861 millones de euros.

De su lado, los bancos de AEB han recibido 77.963 peticiones de aplazamiento de créditos al consumo por importe de 985 millones de euros, de los que se han concedido 58.588 solicitudes por importe de 754 millones de euros.

Según la AEB, «esta moratoria sectorial voluntaria es fruto de un acuerdo alcanzado entre las entidades y la AEB que complementa la moratoria legal establecida por el Gobierno, al ampliar tanto el plazo de diferimiento de los pagos como el colectivo de potenciales beneficiarios».

En concreto, según la patronal bancaria, esta iniciativa de los bancos permite a los clientes aplazar el pago de la parte de la cuota relativa al capital del préstamo durante un periodo de hasta 12 meses para los préstamos hipotecarios y de hasta 6 meses para los préstamos personales.

Pueden acogerse a esta suspensión de pagos las personas físicas titulares de préstamos que se hayan visto afectadas económicamente por pasar a situación de desempleo o de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), o por enfrentarse a un cese o reducción de su actividad económica u otras circunstancias equivalentes como consecuencia del coronavirus.