El Banco Central Europeo deja de confiar ciegamente en las agencias de calificación
El Banco Central Europeo desempolvó la pasada semana el debate sobre el poder de las agencias de calificación crediticia y «la confianza mecánica» en las mismas.
De la calificación de la deuda, tanto corporativa como soberana, estimada por las grandes agencias estadounidenses -básicamente, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s- depende el acceso a financiación de multinacionales y países.
El viernes de la pasada semana, el BCE comunicó la retirada gradual, hasta finales del año 2024, de las medidas excepcionales aprobadas en abril de 2020 para facilitar a las entidades financieras europeas el acceso a liquidez, planteadas para mitigar el impacto económico y financiero de la pandemia.
El organismo presidido por Christine Lagarde incluyó al final de su comunicado el siguiente comentario:
«El Consejo de Gobierno del BCE se reserva el derecho de desviarse también en el futuro de la calificación crediticia de las agencias si se justifica, de acuerdo con su discreción bajo el marco de política monetaria, evitando así la confianza mecánica en estas calificaciones».
El banco central de los países de la Unión Europea trazaba de esta forma una línea de independencia sobre las agencias de calificación, advirtiendo contra la «confianza mecánica» en las mismas.
Los fondos de inversión atienden a las calificaciones que otorgan estas compañías a la deuda de países o grupos empresariales para decidir su estrategia sobre las mismas.
Por esta razón, el poder asumido por las agencias de calificación es tan respetado como temido por bancos centrales, multinacionales o entidades financieras.
Hay crisis, hay debate
El debate sobre el papel de estas agencias asoma a la palestra en épocas de crisis económica como la actual.
Cuando los informes de S&P, Moody’s o Fitch son positivos, pocos se acuerdan de ellas; pero cuando esos informes son negativos, provocando huída de capitales o caídas del valor de empresas en Bolsa, entonces se cuestiona su funcionamiento.
Ya hace una década, coincidiendo también con la explosión de una crisis económica, el Banco Central Europeo se revolvió contra el tremendo poder de Moody’s o S&P.
A mediados de 2012 se publicó la intención del BCE de eliminar la normativa sobre las calificaciones mínimas de deuda soberana europea, y pasar a utilizar sus propias valoraciones.
En España todo el mundo comenzó a conocer de la existencia de las agencias de calificación con motivo de la crisis económica que explotó tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
El 28 de abril de 2010, a las 17.27 horas, S&P anunció la rebaja de la calificación de la deuda soberana de España, advirtiendo de la llegada para el país de un «largo periodo de débil crecimiento».
Ese anuncio de S&P, que mereció la presentación en contra de una querella en la Audiencia Nacional -se publicó tres minutos antes del cierre de los mercados de Bolsa, por lo que hubieran podido beneficiarse los que tuvieran información privilegiada- puede entenderse como la fecha de inicio de la mayor crisis económica vivida en España en democracia.
Confianza mecánica
«La opción de desviarse de las calificaciones de las agencias de calificación crediticia no es nueva, sino que ha sido parte del marco de política monetaria del BCE ya antes de la pandemia durante años», ha explicado a OKDIARIO el organismo europeo a través de una portavoz.
«En general, se siguen como referencia las calificaciones de las agencias; pero el BCE tiene discreción de decidir cuándo se quiere desviar si está justificado tanto en el contexto de la garantía (colateral) como para la compra de activos», añadieron desde el BCE.
Prescindir de los informes de calificación de las grandes agencias no parece al alcance ahora mismo de ningún organismo internacional o gran empresa cotizada.
«Las agencias de rating cumplen un papel fundamental para valorar la calidad de los activos financieros y por ello son de tanta importancia en el sector bancario», señala Joaquín Maudos, Director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia.
«Por ejemplo, son tenidas en cuenta a la hora de valorar los activos ponderados por riesgo de los bancos que a su vez afecta al coeficiente de solvencia de las entidades financieras», explica.
«Otro ejemplo de su enorme importancia a la hora la valorar el riesgo de un activo es que sean tenidos en cuenta esos ratings por el BCE en la clasificación de las garantías que admiten como colateral en sus operaciones de inyección de liquidez», añade.
«Por todos estos motivos, descarto que el BCE prescinda de las calificaciones de las agencias de rating ya que son expertas en la valoración de la calidad de los activos», concluye Joaquín Maudos.
Desviación justificada
Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto de Estudios Económicos, considera que el comunicado del BCE de la pasada semana es un mensaje «que intenta transmitir la tranquilidad de que en el futuro se podrán seguir utilizando colaterales de deuda pública, incluso en el supuesto de que éstos no tuvieran el rating mínimo fijado por las agencias de calificación, como ya ocurre en la actualidad con Grecia».
En opinión de Izquierdo, el posicionamiento del BCE lleva implícito varias consideraciones.
Una es que no se descarta «que la deuda soberana de un país miembro en un contexto de deterioro económico pudiera verse hipotéticamente degradada y que, en ese escenario, el BCE podría seguir aceptando como colateral estos instrumentos».
La otra consideración, apunta Izquierdo, presidente del Instituto Nacional de Estadística entre 2011 y 2018, es que como esta posibilidad no es automática, «en el fondo se está configurando un marco institucional para poder conciliar los intereses del BCE y en última instancia los de la UE, de apoyar a los países de la eurozona en hipotética crisis de su deuda soberana, pero a su vez mantener cierta discrecionalidad».
«De cualquier modo», concluye Gregorio Izquierdo, «el comunicado va en la línea de avanzar en la normalización de los criterios y no tanto un cambio sustancial respecto a lo que ya se ha hecho».
Desde el BCE se ha apuntado a este periódico que una desviación de la calificación de las agencias «podría estar justificada en caso de escenarios adversos o acontecimientos inesperados (geopolíticos) que, si se condicionaran a las calificaciones de la agencia, conducirían a una interrupción de la transmisión de política monetaria u otras tensiones en el mercado».