La banca pide al Gobierno reformular los créditos ICO para evitar una avalancha de quiebras

La banca teme una avalancha de concursos de acreedores y de liquidaciones de empresas por culpa de la rigidez de los créditos avalados por el ICO a la hora de renegociar la deuda con las empresas en apuros. Por eso, las asociaciones del sector (AEB y CECA) han pedido al Gobierno una reformulación de estos préstamos que permita salvar a empresas viables que ahora mismo no pueden aliviar su carga financiera.

«El diseño de los créditos ICO se hizo como se hizo, en medio del pánico al inicio de la pandemia, y deprisa y corriendo para evitar una catástrofe. Ahora, sería el momento de reformularlos con tranquilidad para poder evitar concursos de acreedores de empresas solventes», explica una fuente del sector.

El problema empieza a alcanzar proporciones serias. Según el Banco de España, hay unos 3.000 millones de euros (el 3,5% del total) de créditos avalados por el ICO que ya han entrado en mora y otros 17.900 millones (el 20,2%) en vigilancia especial.

Ni mejores garantías, ni quitas

Este diseño adolece de varios problemas que complican la supervivencia de estas compañías. En primer lugar, el ICO no sólo no permite que el titular del préstamo pague ningún crédito antes que el suyo, sino que ningún acreedor puede tener mejores garantías que él, lo que complica enormemente las refinanciaciones. Esto se denomina «cláusula pari passu» con los bancos e implica, por ejemplo, que una empresa no puede conseguir nueva liquidez con otro préstamo que le exija tener mejores garantías que el avalado o cobrar primero en caso de concurso.

En estos casos, es habitual que el banco o fondo dispuesto a poner esa financiación adicional exija colocarse el primero en el orden de prelación en caso de concurso, ya que pone «dinero bueno sobre dinero malo». Pero el ICO no puede aceptarlo porque se lo impide el convenio marco que firmó con el Tesoro cuando se puso en marcha este programa.

En segundo lugar, si la empresa acaba en concurso, el ICO también tiene prohibido aceptar quitas en su crédito. Y la citada cláusula pari passu obliga al banco a oponerse también a las mismas. Lo cual implica que, si el ICO y los bancos tienen más del 50% de la deuda, no se puede aprobar el convenio de acreedores y la empresa acaba en liquidación.

Finalmente, también están surgiendo problemas derivados de las primeras sentencias sobre concursos de empresas que tenían créditos ICO, porque las lagunas del diseño de los mismos hacen que cada juez interprete la norma de una manera distinta.

La Abogacía del Estado, el gran obstáculo

Ante esta situación, las asociaciones bancarias están intentando explicar al Gobierno esta problemática para tratar de reformar la normativa que rige estos préstamos. Un intento en el que cuentan con el apoyo del propio ICO, que cree que debería poder ser más flexible en las cuestiones de garantías, prelación y quitas, pero tiene las manos atadas.

De momento, el ministerio de Nadia Calviño no ha respondido a estas peticiones. Algunas de las fuentes consultadas señalan como gran obstáculo a la Abogacía del Estado, que se opone a cualquier cambio de la norma porque «sólo le importan las cuestiones jurídicas y no entiende qué son las quitas o la solvencia», según otra fuente. «Es la que da miedo a todos los demás organismos públicos».

Por eso, las fuentes consideran que sería muy positivo crear un órgano, una especie de comité, con presencia de todos los implicados -bancos, ICO, Tesoro, Industria y Abogacía del Estado-para poder tomar decisiones de forma fácil y rápida sobre estos casos en los que está el juego la supervivencia de las empresas.