Los abogados esperan una avalancha de demandas por la pasada ampliación de capital de Popular

Banco Popular
Ángel Ron, expresidente del Banco Popular. (Foto: EFE)

Las peticiones de demandas por la ampliación de capital de Banco Popular se disparan tras la compra de la entidad por parte de Banco Santander, según el despacho Navas & Cusí. Ana Botín ha asegurado que la operación no le costará ni un euro a los ciudadanos españoles y señala, además, que es una «buena noticia» para el sistema financiero español.

Juan Ignacio Navas, socio del citado despacho señala que la compra de Popular por parte de Santander es una decisión que «evita la resolución con dinero público, pero supone una pérdida del 100% para los accionistas».

Asegura, además, que en el caso de los que acudieron a la ampliación de capital de la entidad antiguamente gestionada por Ángel Ron, que entre las tres habían la cifra ascendía a 5.455 millones de euros, «les vendieron un producto que no existía».

Desde Popular, según el despacho, les dijeron que eran necesarias unas provisiones de «4.700 millones y finalmente fueron de 5.700, nada menos que 1.000 millones adicionales. Y probablemente sean necesarias provisiones adicionales, según el hecho relevante del Santander ante la CNMV».

De hecho, en la pasada junta general de accionistas el ya cesado presidente, Emilio Saracho, abría la puerta a una nueva ampliación de capital, la cuarta desde el comienzo de la crisis económica en 2008, y a una posible compra por parte de otro banco.

Navas explica que a los inversores que acudieron a la macroampliación «incluso se aventuraron beneficios y dividendos que posteriormente se convirtieron en pérdidas multimillonarias y ausencia de beneficio para el accionista».

Además, aducen desde este despacho de abogados que muchos de los que acudieron a la ampliación «lo hicieron a crédito, sin un análisis de riesgo razonable ni comercializado de manera transparente. En muchos casos se colocó a personas inexpertas y no cualificadas sin explicarles adecuadamente los riesgos en que incurrían».

En el caso de las pymes, concluye Navas, en muchos casos «la colocación se realizó condicionada al mantenimiento de la línea de crédito, por lo que, argumenta, «no fue una contratación plenamente libre».

Banco Santander tendrá que llevar a cabo una ampliación de capital de 7.000 millones, según ha remitido al órgano regulador, entre otras cosas, dicen desde Navas & Cusí, «para cubrir las posibles contingencias».

Explica que el Popular ya «se estaba allanando en los bonos convertibles de menos de 300.000 y esperemos que el nuevo propietario también se allane en la macroampliación, puesto que ni las cuentas fueron claras ni la comercialización transparente»

Navas asegura que «está recibiendo avalancha de llamadas por este tema porque en muchos casos, es ahora cuando muchos de los clientes son conscientes de que lo han perdido todo y de que no sabían a ciencia cierta lo que les habían colocado».

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