Los antiokupas acusa al Gobierno de “guardar y manipular” datos sobre la usurpación de viviendas

El Gobierno guarda y manipula datos sobre la okupación, y fomenta la usurpación de viviendas. Es la afirmación que lanza Toni Miranda, presidente de la recién creada Asociación de Afectados por la Okupación a OKIDARIO. Para Miranda, el máximo responsable de manipular y alimentar el delito de usurpación en España es el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que hace tan solo unos días hizo apología de la okupación en el Congreso de los Diputados asegurando que todos los delitos se producían en casas de bancos y entidades.

«Iglesias lanza mensajes para fomentar la sensación de impunidad, lo que hace que la gente se lance a la okupación de viviendas. Es escandaloso lo que ocurre en España», denuncian desde la Asociación.

Además de Iglesias, otros miembros del Ejecutivo se han pronunciado recientemente sobre la okupación, lanzando mensajes contradictorios y dispares. Un ejemplo de ello son las recientes instrucciones del ministro del Interior, Grande-Marlaska, que se centran en el allanamiento de morada, una figura jurídica que siempre ha estado protegida. Por tanto, la usurpación sigue en el limbo de la impunidad, dicen desde la Asociación.

Antes de Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba que la legislación actual es suficiente para hacer frente a la okupación de viviendas y proteger a los propietarios. «El Ejecutivo debe ir a terapia y definir el camino que quiere seguir. Cualquier psiquiatra diría que tienen una esquizofrenia gravísima, se dicen cosas dispares dependiendo de la persona que habla. Las últimas medidas anunciadas son sólo cortinas de humo para rebajar la presión de la sociedad civil», dice el presidente de la asociación.

Sobre los datos reales de las okupaciones, la Asociación denuncia que están dispersos, distorsionados e incompletos. Creen que el Gobierno trata la información como si fuera un dominio propio, cuando en realidad pertenecen a la sociedad. El Ministerio del Interior confirmaba que entre enero y junio se notificaron cerca de 7.500 denuncias, una cifra a la que habría que sumar los datos de las demandas presentadas, las acciones policiales llevadas a cabo o las cifras que manejan los Ayuntamientos. Por todo ello, la Asociación, que en menos de quince días de vida ya cuenta con 1.000 afiliados, se compromete a recopilar y elaborar datos que recojan la situación real de la usurpación ilegal de viviendas.

Habrá demandas colectivas 

La Asociación de Afectados por la Okupación acusa a la Administración de abandonar a todos las personas víctimas de la okupación de viviendas, que se sienten impotentes e indefensas ante una legislación que protege a los okupas y se olvida de ellos. Por eso, se comprometen a promover un cambio legislativo y anuncian demandas colectivas contra las administraciones que hagan dejación de sus obligaciones.

«Vamos a solicitar al Gobierno que se defina con acciones y que dejen claro que no están por estas políticas a favor de la usurpación de viviendas. Las instituciones deben cumplir las leyes. Estamos dispuestos a demandar a las administraciones que se inhiban de sus funciones o que realicen actos que no estén acordes con la ley. Vamos a exigir responsabilidades. Utilizaremos todos los canales que nos ofrece el estado de derecho nos permite», anticipan a este periódico.

Madrid avanza 

Frente a los mensajes incoherentes y cruzados del Gobierno, la Asociación valora positivamente la última iniciativa puesta en marcha en la Comunidad de Madrid para luchar contra la usurpación ilegal de viviendas. Se trata del teléfono ‘112 Okupación’, en el que los ciudadanos podrán denunciar una okupación ilegal o intento de okupación del que tengan conocimiento.

Bien diferente es la situación que los propietarios viven en gran parte de Cataluña, donde se sienten especialmente desprotegidos debido a que los delincuentes cuentan con el apoyo de las instituciones y con un soporte ideológico detrás. Están convencidos de que lo que está ocurriendo en Cataluña «no es acorde con la legalidad».

«Desprotección creciente»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) también ha alertado recientemente de la desprotección creciente que están sufriendo los derechos de propiedad en España fruto de cambios legales y regulatorios.

El análisis alerta de la «progresiva erosión» de la seguridad jurídica en los últimos años y  pone como ejemplos los cambios, vía sentencias o normativos, en temas de vivienda como los desahucios o los problemas de ocupación ilegal.