Economía
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A Aragonés le basta un año para hundir Cataluña: líder en desahucios, quiebras y en deuda a proveedores

El año que Pere Aragonés lleva al frente del Gobierno de Cataluña ha pasado factura a la economía de la región. Vivienda, empleo, creación de empresas son algunas de las asignaturas pendientes del presidente del Ejecutivo catalán que ha llevado a la comunidad a liderar los rankings de desahucios, quiebras, deudas con proveedores o perdidas de puestos de trabajo.

El pasado 23 de diciembre el parlamento catalán aprobaba sus primeros presupuestos. Unas cuentas que han acentuado el declive económico de la región y que han repetido los mismos errores que llevaron a Cataluña a perder el liderazgo del PIB, por no hablar de la gran cantidad de impuestos propios que hay en la región. De esta forma, en Cataluña los impuestos propios ascienden a 19 -aunque cuatro han sido declarados inconstitucionales-, siendo la autonomía más creativa a la hora de multiplicar los tributos a sus ciudadanos.

La voracidad fiscal del Ejecutivo de Pere Aragonès – con impuestos como el canon del agua, sobre la incineración y deposición de residuos, sobre las estancias en establecimientos turísticos, sobre las viviendas vacías, sobre la emisión de partículas a la atmósfera o sobre bebidas azucaradas envasadas- ha llevado al límite a muchas empresas. Según los datos del Consejo General Poder Judicial, Cataluña ha liderado el número de quiebras, con 1.538 concursos. Un liderato que mantiene desde que Aragonés se puso al frente de Cataluña.

Concursos de acreedores.

Pese a esta sangría de empresas -en parte ahogadas por la presión fiscal de la comunidad- Pere Aragonés necesita mantener esta carga impositiva para financiar las más de 330 empresas públicas que existen en Cataluña. La autonomía cuenta con 52 entes públicos, más de 120 consorcios para administrar servicios y ejecutar políticas públicas, 63 sociedades mercantiles y cerca de 100 fundaciones. Una multiplicidad de organismos que replican a un «miniestado» y que los políticos catalanes deben financiar friendo a impuestos a empresas y ciudadanos.

Sin embargo, el Ejecutivo no predica con el ejemplo y pospone lo máximo posible el pago a sus proveedores. Algo que le ha llevado a disparar su deuda comercial hasta los 1.013,2 millones en el mes de marzo, un 37,2% más que en febrero, cuando la deuda con sus proveedores alcanzaba los 738,2 millones.

Deuda con proveedores

El clima social, tampoco ha mejorado. Hace un par de semanas casi un millar de personas salió a las calles de Barcelona para protestar contra los precios del alquiler y los desahucios. Y no es para menos: durante el primer trimestre se han producido en Cataluña 2.410 desahucios, un 21,8% del total en el conjunto de España, lo que hace que la región encabece la lista de comunidades. Esos 2.410 casos durante el primer trimestre suponen una media de un desahucio cada hora y tres de cada cuatro provienen de procesos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, impago del alquiler u otros temas relacionados con los arrendamientos.

Desahucios

Y pide más dinero al Estado

La Generalitat de Cataluña prevé pedir prestados al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 12.662 millones de euros en 2022, una cantidad ligeramente inferior a los 13.014 millones solicitados en 2021. Un total de 11.138 millones de euros de esa cantidad servirán para afrontar amortizaciones de deuda, principalmente para cubrir el pago de préstamos de años anteriores del FLA y otros mecanismos de liquidez habilitados por el Estado.

El Estado puso en marcha estos instrumentos a finales de 2012, en plena crisis financiera, para ayudar a las comunidades a disponer de liquidez en un momento en que los mercados financieros estaban cerrados a las emisiones de deuda de las autonomías. De entrada, esos préstamos se dieron a diez años, con los dos primeros de carencia, aunque desde enero de 2020 se otorgan a doce años, con cuatro de carencia. Según datos de Hacienda, al cierre de 2021 Cataluña habrá recibido 13.552,8 millones de euros a cargo del FLA, lo que supone el 43,49 % del total de fondos repartidos entre las comunidades adheridas a dicho mecanismo.