Amnistía Internacional pide «despenalizar» la prostitución para proteger a las mujeres

La violación de los Derechos Humanos (DDHH) en el mundo de la prostitución es un hecho desgraciadamente muy habitual en algunos países. Al respecto, Amnistía Internacional ha publicado este jueves cuatro informes de investigación que arroja una concclusión: allí donde la prostitución está prohibida, las mujeres están menos protegidas.

Amnistía Internacional exige una serie de responsabilidades a los gobiernos para que garanticen la seguridad de las personas que realizan trabajos sexuales. Entre las medidas que recomienda se encuentra «la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual».

Esta petición del organismo internacional se produce en base a «la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas que se dedican al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía», sentencian.

Criminalizar la prostitución agrava la situación

En ese sentido, AI defiende que «las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él».

Los cuatro informes, centrados en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea, aportan una visión global y señalan que los trabajadores sexuales sufren a menudo «terribles abusos contra los derechos humanos».

AI explica que esto se debe en parte a «la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales».

En vez de centrarse en proteger a las víctimas de la violencia y la explotación sexual, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en «prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas», lamenta Amnistía Internacional.