El alarmante aviso de un catedrático en Derecho por los okupas en España: «Nos acercamos a…»
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Cada vez que sale a debate el acceso a la vivienda en España, hay un punto que se repite una y otra vez: la preocupación por el aumento de las ocupaciones y la sensación de que la legislación ha ido perdiendo claridad. Ese malestar, que hasta ahora se quedaba muchas veces en la opinión pública, ha dado un salto importante después de la intervención del catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, uno de los mayores expertos en vivienda del país. Su aviso llega en un momento especialmente tenso, con precios disparados, una oferta cada vez más limitada y un mercado del alquiler que acumula distorsiones.
Nasarre inauguró las jornadas El futuro de la vivienda. Nuevas soluciones en Baleares con una ponencia extensa y llena de datos en la que abordó todos los frentes del problema: la caída del número de propietarios, el aumento de la desigualdad, el peso creciente de fondos e inversores extranjeros, el topaje de alquileres y el impacto en la movilidad. Pero hubo un punto que sin duda, destaca: su lectura jurídica sobre la Ley de Vivienda y la forma en que, según él, algunos artículos legitiman ocupaciones en segundas residencias. Ese aviso ha generado inquietud. Y no tanto por alarmismo, sino porque quien lo dice no es un tertuliano, sino un catedrático con décadas de investigación. Su mensaje, en esencia, puede resumirse así: si las políticas actuales siguen en la misma dirección, España puede acercarse a un escenario en el que la protección de la propiedad privada quede cada vez más debilitada.
El alarmante aviso de un catedrático en Derecho por los okupas
El catedrático fue muy claro al hablar de los artículos 10 y 11 de la Ley Estatal de Vivienda, referentes a las segundas residencias. A su juicio, esos artículos desdibujan la frontera entre propiedad privada y función social de la vivienda, y lo hacen de una forma que puede interpretarse como un aval indirecto a la ocupación.
Nasarre lo explicó así: si el propietario tiene un piso vacío que “usa para especular o para tener un negocio», la ley plantea que, según la función social de la propiedad, sería más legítimo que una persona que necesita vivir allí ocupe ese espacio. Esa interpretación, en sus palabras, «legitima estos delitos».
Desde su punto de vista, los artículos son inconstitucionales, porque chocan frontalmente con la protección jurídica que la Constitución otorga a la propiedad privada. Sin embargo, lamentó que ninguno de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional se centre en esos artículos, de manera que el tribunal aún no ha podido pronunciarse sobre ellos.
Ahí es donde, según él, nace el problema: si una norma introduce una lectura que favorece la ocupación y nadie la recurre específicamente, ese marco legal puede ir asentándose. Y eso, advirtió, tiene consecuencias reales.
La caída del número de propietarios
El aviso sobre la okupación no se entiende sin el contexto general que Nasarre presentó con datos en la mano. Uno de los más contundentes es este:
España ha perdido cerca de un 7 % de propietarios desde 2007, hasta situarse en torno al 73 %.
Esa caída puede parecer pequeña, pero no lo es. Según el catedrático, «estamos aumentado la desigualdad de las familias. Nos acercamos a tasas que han fracasado» y añade: «Si no dejas comprar a los pobres otros compran por ellos, como los grandes patrimonios, los fondos o los extranjeros. ¿Por qué? Porque pueden comprar»
Este fenómeno, dijo, no es una causa aislada, sino una consecuencia de las políticas de vivienda de los últimos años. Mientras el número de propietarios baja, los precios han seguido subiendo de manera constante desde 2013.
El mercado del alquiler también sube constantemente
El análisis del alquiler tampoco fue optimista. Nasarre citó numerosos estudios, entre ellos los del académico Konstantin Kholodilin, para explicar cómo funcionan las políticas de control de precios.
Según estos estudios, sólo uno de los efectos del topaje del alquiler es positivo: la bajada de precios, el resto son negativos y se enumeran:
- Menos movilidad laboral
- Más vivienda en propiedad, pero comprada por quien no debería
- Menos construcción
- Deterioro del parque de vivienda sometido a control
- Reducción de la oferta
- Subida de precios en zonas donde no hay límites
En Cataluña, remarcó, ha ocurrido todo lo negativo menos lo positivo. Ni siquiera ha bajado el precio: simplemente se alquilan pisos más pequeños, lo cual da la sensación de rebaja, pero no es real.
El acceso a la vivienda: empresarios, extranjeros y un mercado desequilibrado
Otro dato que aportó Nasarre fue el perfil de quienes compran hoy vivienda en España:
- 11 % de los compradores son personas jurídicas
- 14 % son extranjeros, cifra que en Baleares sube al 31 %
Esto significa que una parte cada vez mayor del mercado está en manos de agentes con más capacidad económica que los residentes locales. Y si se combina con salarios que crecen mucho menos que los precios, el resultado es una tensión evidente.
Tanto el Govern balear como el Ayuntamiento de Palma, presentes en las jornadas, reconocieron que el acceso a la vivienda es «el principal problema» al que se enfrentan los ciudadanos. El crecimiento poblacional, la presión sobre el suelo y el auge de viviendas de alto nivel completan un retrato que no invita al optimismo.
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