AENA carga contra el pacto de Sánchez con Pradales en los aeropuertos vascos y analiza medidas legales

AENA, gestor de los aeropuertos españoles, ha cargado contra el pacto firmado este viernes por Pedro Sánchez e Imanol Pradales, lehendakari vasco, por el que se creará un «órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión» para que el Gobierno vasco participe de alguna manera en la toma de decisiones sobre los tres aeródromos del País Vasco, Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

AENA, propiedad en un 51% del Estado mientras que el otro 49% cotiza en Bolsa, ha recordado que las competencias para gestionar los aeropuertos son del Gobierno central, según queda claro en la Constitución. «las competencias tanto normativas como de supervisión y regulación de los aeropuertos de interés general corresponden únicamente al Estado», señala AENA en un hecho relevante enviado anoche a la CNMV.

En ese comunicado AENA advierte que tomará las medidas jurídicas que sean necesarias para defender a sus accionistas en caso de que ese acuerdo suponga algún tipo de cesión de las competencias aeroportuarias al Ejecutivo vasco, como ha dejado entrever el Gobierno vasco en su nota de prensa sobre el acuerdo.

Ese comunicado ha hecho saltar las alarmas de AENA. El Gobierno vasco asegura en su nota que el pacto creará «un espacio estable que permite a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria». Asegura además el Gobierno vasco que tendrá una «participación efectiva en la planificación estratégica aeroportuaria».

Aunque la nota del Gobierno de Sánchez sobre el acuerdo deja claro que la comisión bilateral no implica la cesión de competencias en la gestión de los aeropuertos vascos, para AENA las palabras del Gobierno vasco podrían crear incertidumbre entre sus accionistas. «Podrían suscitar algunas dudas entre los accionistas de AENA y los mercados financieros sobre el alcance de lo acordado y su posible efecto en AENA», dice la compañía en la nota, que destaca que incluye manifestaciones que «afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas».

«En consecuencia, la Sociedad encomendará a sus asesores jurídicos la valoración de las medidas que, en su caso, resulte procedente adoptar en defensa del interés de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas, que en última instancia son los propietarios de todos los activos de Aena», advierte en el comunicado. La firma defiende que ese órgano bilateral sólo puede ser consultivo y no tener ninguna competencia sobre la gestión de los mismos.