Los accionistas de Banco Popular ultiman sus estrategias para afrontar la vía judicial

Pequeños accionistas y tenedores de deuda del Banco Popular que perdieron su inversión tras la resolución de la entidad afinan sus estrategias para recuperar sus ahorros con el apoyo de despachos de abogados y asociaciones, que optan por la conjunción de hasta cuatro vías judiciales.

Además de preparar una batería de demandas civiles, denuncias y querellas penales contra los administradores del Popular y recursos contenciosos-administrativos contra el FROB, los afectados reclamarán a Europa por la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de avalar la venta como forma de proteger a los depositantes.

El asociado de litigación bancaria del bufete Jausas, Pablo Franquet, destaca a Efe la complejidad del escenario en el que se encuentran los 300.000 accionistas de la entidad, para los que «no hay un camino único sino diversas alternativas a medida», dependiendo de si son «accionistas históricos, compradores del mercado secundario o gente que acudió a la ampliación de capital».

Franquet sitúa a este último grupo en una situación similar a la salida a Bolsa de Bankia pues el Popular «hizo un folleto ofreciendo una imagen de que captando 2.500 millones de euros más se iba a conseguir una solidez que poco después se vio que no era».

Ello permitiría iniciar acciones por error en el consentimiento similares a las interpuestas por otros servicios comercializados sin información veraz o suficiente, como las preferentes de Caja Madrid.

Un camino diferente ofrece para quienes compraron acciones directamente en Bolsa -y no a través de las sucursales de la entidad-, que disponen, durante un año, de una acción de responsabilidad extracontractual contra el Popular por el daño económico causado con información que no reflejaba la realidad.

No obstante, Franquet enfatiza en que el foco para algunos accionistas que quieren recuperar su dinero está en el Santander, que el pasado 7 de junio asumió la entidad hasta entonces presidida por Emilio Saracho por un euro a instancias del FROB y la JUR.

«Consideramos que se pueden iniciar acciones civiles por enriquecimiento injusto», reitera en alusión al artículo 1.901 del Código Civil que haría responder de la pérdida de valor de los títulos al grupo de Ana Botín, que ya estudia soluciones para los clientes accionistas que acudieron a la ampliación de capital.

Aunque las asociaciones coinciden con Franquet en la agilidad de los procesos civiles como aliciente para decantarse por esta vía, Adicae insiste en la necesidad de valorar todas las opciones porque «cada procedimiento va a nutrir de información al resto».

David Solís, coordinador de la organización, adelanta que están trabajando en una querella contra los dos últimos consejos de administración del Popular, presididos por Ángel Ron y Emilio Saracho, que «no busca que vayan a la cárcel sino el resarcimiento».

Medida que se suma al contencioso registrado esta semana ante la Audiencia Nacional, todavía pendiente de ser admitido a trámite, contra el proceso de subasta seguido por el FROB por no ser «ni correcto ni transparente» y conferir «ventajas» al Santander.

Adicae apuesta además por actuar contra el JUR, una medida «novedosa» que «no está muy clara» al ser la primera entidad resuelta por esta autoridad, que según el reglamento europeo tendría que reparar los daños causados.

Las fuentes consultadas dudan de que sea Bruselas y no el FROB el que finalmente asuma las reclamaciones por medio de las cuales -y a diferencia del resto de estrategias- los accionistas recuperarán su inversión al cierre de la sesión previa a la resolución, cuando la acción marcaba el mínimo histórico del 0,317 euros.

«Nos han expropiado», lamentaba uno de los afectados durante la sesión celebrada por la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al consejo de Saracho y ultima una querella contra éste por desplegar una conducta «impropia de un gestor responsable».

«Tenemos que pedir a las autoridades que investiguen lo que pasó para que quienes tengan responsabilidad devuelvan el valor a sus dueños», apunta Javier Cremades, partidario de la línea penal frente a una resolución «ilegítima» que cree fruto de la integración financiera y que «obliga» a estos pequeños ahorradores a acudir a la justicia.