Una abogada tira por tierra uno de los recursos más populares de los okupas: «No evita que lo desalojen»

La situación de los okupas en España sigue siendo un tema polémico, rodeado de mitos y confusiones legales. Cada vez surgen más estrategias que pretenden justificar su permanencia en inmuebles ocupados, desde recibos hasta simples tickets de compra.

Sin embargo, los expertos en derecho dejan claro que la realidad es muy distinta. Sigue leyendo y descubre por qué los tickets de comida no son suficientes para justificar la ocupación de una vivienda.

La verdad detrás de los tickets de comida usados por okupas

Paula Zoto, abogada de Le Morne Brabant Abogados, en una entrevista para Confilegal desmiente una de las estrategias más conocidas asociadas a los okupas, la presentación de tickets de compra como prueba para evitar un desalojo. «Ni un ticket de Telepizza ni un recibo de la lavandería son pruebas válidas», asegura Zoto.

La ley exige documentos oficiales, como contratos de servicios básicos, que demuestren el uso habitual y continuo de la vivienda para poder invocar la protección jurídica que otorga el artículo 18 de la Constitución Española sobre la inviolabilidad del domicilio.

La abogada puntualiza que esta protección no aplica de forma automática a todas las ocupaciones, especialmente si se trata de una vivienda principal o secundaria de otra persona, ya que en esos casos se configura un delito de allanamiento de morada.

Este tipo de delito permite un desalojo inmediato, subrayando que sólo ocupaciones de inmuebles deshabitados podrían abrir una ventana legal para los okupas, aunque bajo condiciones estrictas.

Ticket de comida como prueba en un allanamiento

Para los expertos en derecho penal, ocupar una vivienda habitada constituye un delito de allanamiento de morada, castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, según el artículo 202 del Código Penal.

Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, destaca en una entrevista para RTVE que este delito permite que las Fuerzas de Seguridad intervengan de inmediato para desalojar a los ocupantes, incluso sin una orden judicial previa, al tratarse de un delito flagrante.

Bosch aclara que los comprobantes como tickets de comida no tienen relevancia jurídica en estos casos. «No basta con haber pedido una pizza para justificar la permanencia en un domicilio ajeno», sentencia.

En situaciones dudosas, donde no se puede determinar fácilmente si la ocupación es un delito de allanamiento o de usurpación, la Policía puede solicitar la intervención de un juez de guardia para autorizar el desalojo.

¿Por qué un ticket no detiene el desalojo?

Cuando la vivienda no es habitada y se trata de inmuebles en desuso, la ocupación se enmarca en el delito leve de usurpación, regulado en el artículo 245 del Código Penal. Este delito, castigado con multas, generalmente requiere un juicio previo antes de ejecutar el desalojo, salvo que se demuestre un perjuicio grave para el propietario.

En estos casos, los okupas pueden presentar pruebas adicionales, como recibos de agua o declaraciones de testigos, para intentar justificar el uso legítimo del inmueble, pero los tickets de comida siguen siendo insuficientes.

Los tribunales han rechazado repetidamente este tipo de pruebas. Sentencias recientes, como la del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2019 o la de la Audiencia Provincial de Barcelona en 2020, han dejado claro que un simple recibo no puede demostrar la conversión de un inmueble en un domicilio habitual.

La creencia de que un ticket de comida puede frenar un desalojo carece de fundamento legal. Ya sea ante delitos graves como el allanamiento de morada o en casos de usurpación, los tribunales y las Fuerzas de Seguridad exigen pruebas más contundentes para justificar cualquier permanencia en un inmueble.

Por ahora, el ticket de una pizza seguirá siendo el mismo, una simple evidencia de un antojo, no de un derecho legal.