El PP no obliga a Cardenal a dimitir pese a que se sentará en el banquillo el 19-O por seis delitos

Miguel Cardenal se agarra a su sillón en el Consejo Superior de Deportes. El secretario de Estado para el Deporte, pese a estar investigado por seis delitos, entre ellos malversación y falsedad documental, continúa con la misma cantinela de que la querella que ha aceptado a trámite el juez Toro “no va a llegar a ninguna parte” y que es parte de una “venganza personal”.

Eso es lo que Cardenal ha respondido a todos los dirigentes del Partido Popular que en las últimas horas le han llamado tras ver cómo tendrá que acudir a sentarse al banquillo de acusados el próximo 19 de octubre. “Su imagen en los informativos con el cartel de investigado está desgastando al partido”, admite una fuente cercana a la situación. El mandatario del CSD, pese a que en muchas de esas llamadas le han aconsejado dimitir de su cargo para no perjudicar al partido en las próximas elecciones, considera que no cuenta motivos para hacerlo y como además no es afiliado del PP no tiene que dimitir si le imputan en un caso como marca las normas éticas de la formación.

A Cardenal le da igual el desgaste que su figura pueda producir de cara a los comicios. No sólo la querella con el ex presidente de la Real Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, tiene en vilo a sus compañeros de formación, la cruzada contra Ángel María Villar y las continuas injerencias en las diversas federaciones deportivas a lo largo de los últimos cuatro años también cuentan y mucho para que muchos le hayan pedido que se eche a un lado.

Lo que el juez Antonio Toro juzgará próximamente será la implicación de Miguel Cardenal en la caída de José Luis Escañuela como presidente de la Real Federación Española de Tenis. El mandatario intentó quitarle del puesto por todos los medios después de que Gala León fuese elegida capitana del equipo de la Copa Davis. Cardenal husmeó para buscar alguna forma de controlar la RFET y a través del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) consiguió inhabilitar al entonces presidente. Sin embargo, aquella suspensión está siendo objeto de investigación, ya que el presidente del CSD escogió a dedo a cuatro de los siete miembros del Tribunal y presuntamente ordenó dichas actuaciones contra Escañuela.