La Audiencia Nacional abre diligencias por los ataques al equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por delitos de odio, desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones contra los responsables del boicot al equipo Israel-Premier Tech durante la Vuelta a España 2025. Según el auto consultado por OKDIARIO, el Juzgado Central de Instrucción número 5 ha incoado el procedimiento para decidir sobre la admisión a trámite definitiva.

El magistrado-juez Santiago Pedraz ha firmado el auto de incoación de las Diligencias Previas, tras recibir la denuncia presentada por la representación letrada de ACOM. El auto establece que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

La denuncia se dirige contra quienes ACOM considera «instigadores y amparadores institucionales» de las protestas que han alterado múltiples etapas de la competición. Entre los señalados figuran la red RESCOP/BDS y dirigentes políticos «que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí», según explicó la asociación en un comunicado.

En el auto judicial, fechado este miércoles 10 de septiembre, el magistrado Santiago Pedraz justifica la incoación basándose en dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El documento establece que es «procedente instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación» sobre la naturaleza de los hechos y las personas implicadas.

ACOM sostiene que los incidentes han trascendido el ámbito de la manifestación pacífica. «Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas, los hechos documentados evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad», afirma el texto de la denuncia.

Las protestas han provocado múltiples detenciones a lo largo de la competición. En Asturias, la Guardia Civil detuvo a doce personas por desórdenes públicos al frenar la marcha de los ciclistas durante la decimotercera etapa en el Angliru. Los manifestantes cortaron la carretera mediante una pancarta sostenida por seis personas mientras el resto se encadenaba entre sí.

En Galicia, diez personas fueron arrestadas durante el paso de la carrera por Lugo. Ocho detenciones se produjeron en O Corgo cuando un grupo intentó cortar la carretera, mientras que en Monforte de Lemos fueron detenidas otras dos personas, incluyendo a la responsable comarcal del BNG, Rosana Prieto.

Los incidentes más graves tuvieron lugar en Bilbao, donde las protestas obligaron a los organizadores a detener el cronometraje a tres kilómetros de la meta. En esta ciudad se produjeron tres detenciones, cinco identificaciones y resultaron heridos cuatro agentes de la Ertzaintza.

La asociación considera que estas agresiones constituyen «un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad que vulnera los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional». En su comunicado, ACOM fue contundente: «Convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales».

La organización ciclista ha mantenido al equipo de origen israelí en competición pese a las presiones, aunque las medidas de seguridad han debido intensificarse progresivamente. Las protestas violentas han incluido desde el hackeo de la emisora de radio de la competición hasta bloqueos físicos de la carretera que han provocado caídas de corredores.

Precedentes jurídicos

Esta no es la primera acción judicial relacionada con los incidentes. La Asociación de Amistad de Murcia-Israel (ASAMI) ya había presentado previamente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los hechos ocurridos durante la contrarreloj del 26 de agosto en Figueres.

ACOM enmarca estos sucesos dentro del «modus operandi» de la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), recordando que «esta forma de antisemitismo encaja en el modus operandi de la campaña discriminatoria BDS, cuya naturaleza ilegal ya ha sido ratificada por múltiples sentencias en tribunales españoles, incluyendo el Tribunal Supremo».

La presión ejercida sobre el equipo israelí ha sido tan intensa que sus corredores han competido en las últimas etapas sin el nombre de Israel en su indumentaria, manteniendo únicamente el monograma del patrocinador Premier Tech. La decisión se tomó, según explicaron en redes sociales, «para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas».

El clima de hostilidad se ha visto exacerbado por declaraciones políticas de apoyo a las protestas. ACOM ha anunciado que presentará una segunda denuncia contra los ministros José Manuel Albares y Sira Rego por sus declaraciones sobre este asunto.

Entre los líderes de las manifestaciones destaca Ibon Meñika, un veterano activista cercano a ETA que reconoció ante la Audiencia Nacional su colaboración con la organización terrorista. Su protagonismo en las protestas de Bilbao ha añadido una dimensión adicional de controversia al conflicto.