Revuelta en la SGAE: la mitad de su directiva llama a Méndez de Vigo con «urgencia» ante el riesgo de «colapso»

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Sede de la SGAE.

Dieciocho de los treinta y ocho miembros de la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) han enviado una carta al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en la que piden que les reciba «con máxima urgencia» para tomar medidas ante un «peligroso colapso».

La misiva, enviada el lunes al ministro, ha sido firmada hasta el momento por 18 miembros, aunque, según fuentes de este organismo, se podrían «sumar más».

Los firmantes justifican la petición ante los acontecimientos de la semana pasada: la destitución de su director general, Luis Felipe Palacios, y la decisión de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) de que la SGAE se retire de su Consejo durante la investigación por las «seria preocupación» que suscitan sus prácticas.

Los miembros de la junta directiva consideran, según expresan en la carta, que «cada día que pasa sin que se adopten medidas» que se «deberían tomar conjuntamente» es un «paso más hacia el muy peligroso colapso de la entidad que protege los derechos de los autores de este país».

Esta petición llega en la misma semana que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha exigido a la SGAE que le entregue -con plazo hasta el próximo viernes- la información y las actas relacionadas con la destitución la pasada semana de su director general.

Según declaraciones a Efe de uno de los firmantes, el presidente de la entidad de gestión, José Miguel Fernández Sastrón, «sigue con una deriva que está destrozando» a la SGAE y son «muchos» los que llevan «tiempo intentando frenarle en consejos y juntas».

De no llegar «a tiempo» la información sobre las reuniones que derivaron en la destitución, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte abriría a la SGAE un expediente sancionador que puede alcanzar los 2,7 millones de euros, tal y como contempla la Ley de Propiedad Intelectual, reformada para poder ejercer un mayor control de las entidades de gestión.

Una cantidad esta que, según han recordado desde el Ministerio, supone «más del 1% de la facturación» de la Sociedad General de Autores y Editores el año pasado.

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