Ximo Puig propuso hace sólo cuatro días penalizar a Ayuso y Moreno por bajar impuestos

Sólo cuatro días. Es el tiempo que ha transcurrido desde que el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, propusiera penalizar en el próximo modelo de financiación autonómica a las comunidades que bajen impuestos de forma voluntaria a anunciar una batería de medidas para suavizar la presión fiscal de su Gobierno sobre los valencianos y abrir así una estrategia fiscal que retrata el rechazo de Moncloa a aliviar la presión tributaria sobre el conjunto de los españoles.

El barón socialista se descolgó el pasado viernes con una propuesta para castigar a Ayuso y a todos aquellos dirigentes territoriales que siguieran su estela de impuestos bajos. En el debate ‘Fortalezas, amenazas y oportunidades del modelo territorial español’, con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Puig defendió que aquellas comunidades que renunciaran voluntariamente a ingresos de los impuestos cedidos por el Estado (como es el caso del de Patrimonio o, en un porcentaje, el IRPF) fueran castigadas en el reparto de la financiación autonómica. Y, por tanto, dejaran de recibir en igual cantidad a la que voluntariamente dejaran de recaudar por sus rebajas tributarias.

«Tienen que ser responsables con lo que hacen», afirmó dirigiéndose implícitamente a Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia, comunidades todas ellas que han bonificado el impuesto de Patrimonio y han deflactado el IRPF para acomodarlo a la inflación.

Este martes, cuatro días después, Ximo Puig ha optado por el ‘donde dije digo, digo Diego’ y se ha descolgado con tres medidas de rebajas fiscales que están en la senda de las anunciadas días atrás por los gobiernos autonómicos del PP en Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia. La primera de ellas consiste en aumentar en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los valencianos, «el máximo que permite la norma»; la segunda es una nueva tarifa autonómica del IRPF para 2022, con nuevos tramos adaptados a la inflación, y la tercera es la ampliación en un 10% de «todas las deducciones y bonificaciones fiscales».

Para justificar su giro fiscal, Puig ha destacado que estas medidas van dirigidas a los contribuyentes que cobran menos de 60.000 euros; es decir, 1,34 millones de valencianos y el 97,4% del total. Sin embargo, en la sesión de control al Gobierno de la semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó: «Si se deflactan los tramos inferiores también repercute en la renta más altas del país». Bien es verdad que esta frase iba dirigida al PP, a quien el Gobierno trata de criminalizar como lacayo de los ricos, y entonces ningún presidente socialista se había atrevido aún a apostar por las rebajas de impuestos.

Esta senda fiscal podría ser recorrida en breve por otro barón socialista. Es el caso del extremeño Guillermo Fernández Vara, que, como adelantó OKDIARIO, sopesa ajustar también el tramo autonómico del IRPF para compensar los efectos de la inflación y tratar de paliar así el descontento social en año electoral. De momento, ya se le ha adelantado Ximo Puig, mientras Moncloa asiste atónita a la rebelión fiscal de los líderes territoriales con mando en plaza.