Valencia crea una oficina ‘anti okupas’: «Una vivienda ‘okupada’ es una menos para un joven»
La iniciativa responde a un compromiso electoral del PP valenciano en Alicante, Castellón y Valencia
El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha 955 viviendas en un año frente a las 14 en ocho de Compromís y PSOE
Valencia será la segunda de las tres capitales valencianas en contar con oficina 'anti okupas': Alicante abrió la suya en noviembre
La alcaldesa de Valencia María José Catalá llevará a la Junta de Gobierno municipal de este viernes en el Ayuntamiento una moción impulsora para la creación de una oficina anti okupas. Así, lo ha confirmado este jueves la propia María José Catalá. El principal argumento que sostiene la creación de esa oficina anti okupas, según ha expresado la alcaldesa es que «Una vivienda con un okupa es una vivienda menos para un joven». Pero, además, es un compromiso electoral del PP valenciano asumido por los entonces candidatos de Alicante, Castellón y Valencia. En Alicante, ya está en marcha desde noviembre de este 2024.
El compromiso adquirido por los entonces candidatos a las Alcaldías de Alicante y Castellón y Valencia se produjo en la campaña de los comicios municipales mayo de este 2023, tal como reflejó entonces OKDIARIO.
El Ayuntamiento de Alicante, cuyo alcalde es el también popular Luis Barcala, ya cuenta con esta oficina anti okupas abierta desde el 26 de noviembre de este 2024. Está ubicada en las dependencias de la Policía Local de un populoso barrio muy próximo al centro de la ciudad, el de Babe. Es atendida por los agentes. Se mantiene abierta las 24 horas durante los 365 días del año.
Los objetivos de esas oficinas eran el asesoramiento a los vecinos a la hora de adoptar medidas contra esa okupación ilegal y promover que los okupas no puedan empadronarse en las viviendas okupadas ilegalmente. Las oficinas antiokupas debían contar con un teléfono para que la Policía Local se pueda movilizar en las primeras 24 horas para ejecutar el desalojo.
En aquel momento, suponía también una respuesta a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la okupación ilegal de viviendas. Sobre todo, después de que la entonces ministra Ione Belarra expresara, a su vez, que en España no existía un problema «de okupación», sino de «especulación» con la vivienda.
María José Catalá ha efectuado este anuncio en el transcurso de su visita a una promoción de 68 viviendas destinadas a jóvenes. Y, en ese marco, ha manifestado, también, que su Gobierno, conformado por PP y Vox, ha puesto en marcha ya 955 viviendas frente a las 14 que el Gobierno de Joan Ribó, con Compromís y PSOE, sacó adelante en ocho años.
Por otra parte, ha revelado también que tiene en mente efectuar una remodelación del Gobierno municipal. Inicialmente, esa remodelación tiene por objeto la redistribución de las áreas tras la ruptura interna en Vox, donde el hasta ahora portavoz Juan Manuel Badenas y la concejala Cecilia Herrero han decidido dejar la formación después de que Badenas fuera temporalmente inhabilitado mientras su formación sustanciaba un expediente contra él.
Lo último en Comunidad Valenciana
-
El presidente del TSJ valenciano recuerda que «los otros poderes del Estado» deben «preservar la independencia judicial»
-
PP y Vox aprueban una nueva bajada del IBI en Alicante para atenuar el «infierno fiscal» de Sánchez
-
El Consell acusa al Gobierno de «gestionar con chapuzas» la protección de las mujeres maltratadas
-
Detenido en el aeropuerto de Castellón un joven de 29 años con 51 bolas de heroína en su organismo
-
Una juez de Valencia confirma la multa de 30.000 € del Ayuntamiento a una empresa de pisos turísticos
Últimas noticias
-
Ava Salazar, la ‘mini Paz Vega’ que ya pisa fuerte y ha conquistado Milán: ¿cuánto sabes de ella?
-
De Sócrates a las novias de Leonardo DiCaprio: este libro te hará reflexionar sobre lo difícil que es enamorarse
-
El España-México que Marlaska impidió que se jugará en Ceuta se disputará en el Cerro del Espino de Majadahonda
-
El presidente del TSJ valenciano recuerda que «los otros poderes del Estado» deben «preservar la independencia judicial»
-
El fondo buitre del ‘caso Maricarmen’ es una pyme española a la que el Gobierno pagó su digitalización