Comunidad Valenciana

La Sanidad de Puig y Barceló condenada por no vacunar a los médicos de la privada

Segunda condena en menos de una semana para la Sanidad valenciana que dirigen el presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig y la consejera, también socialista, Ana Barceló. En esta ocasión, el Juzgado de Contencioso Administrativo Número 3 de Alicante ha condenado a la Consejería de Sanidad por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la salud de los médicos que trabajan en la Sanidad privada en la Provincia de Alicante, habiendo sido responsable de esa vulneración, según recoge la sentencia, la propia Generalitat «con su inactividad consistente en no vacunarles en clara discriminación con el personal de sanidad privada».

Además, declara el derecho del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Alicante a ser indemnizado por la Generalitat en concepto de daños morales con 10.000 euros y condena, también en costas a la Administración autonómica. La resolución no es firme y cabe ante ella recurso de apelación.

Esta misma semana, un juzgado de Alicante condenó también a la Consejería de Sanidad por no haber proporcionado elementos de protección a los facultativos de la Pública en la primera ola de pandemia de Covid y resolvió una batería de indemnizaciones para los 153 facultativos denunciantes, todos miembros del sindicato CESM-CV, que podrían alcanzar un montante total superior a los dos millones de euros. Puig, horas después de conocerse la sentencia, pidió perdón a esos facultativos, pero anunció también que la Generalitat Valenciana recurriría la sentencia, por lo que no sería de extrañar que también recurriera la sentencia conocida hoy.

La sentencia emitida hoy responde a una demanda  interpuesta por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Alicante contra la Consejería de Sanidad valenciana. En los fundamentos jurídicos de esa sentencia, el juez entiende que el trato por parte de la Administración Pública valenciana debía ser exactamente el mismo para el personal sanitario que ejercía en la Sanidad pública como en la Privada.

Sostiene además que «el hecho evidente» es que en la Comunidad Valenciana el personal sanitario que trabajaba en la Sanidad Privada «fue relegado de manera manifiesta a la hora de recibir la vacuna». Y entiende que hubiera sido perfectamente «fácil y factible» que el personal sanitario privado hubiera sido vacunado junto al público. Entiende, finalmente el juez que estamos ante una «vulneración flagrante del principio de igualdad» con «derivaciones a otros principios de mayor calado como el derecho a la salud o incluso el propio derecho a la vida», además de la «responsabilidad personal, política e incluso penal en la que puedan haber incurrido quienes hayan dado lugar a esta situación, pues es muy difícil de explicar o averiguar las razones que llevaron a la Administración autonómica de la Comunidad Valenciana a actuar de esta manera». En otro de los párrafos de otra parte de la sentencia el juez utiliza un símil castrense: «Es como si los oficiales abandonasen a los soldados en primera línea, sabiendo perfectamente que los mismos podían enfermar y morir».

Las reacciones a esta sentencia que condena a la Sanidad valenciana de Puig y Barceló no se han hecho esperar. El Partido Popular por boca de su presidente provincial en la Provincia de Alicante Toni Pérez ha exigido a Puig depurar responsabilidades, en una clara alusión al cese de la consejera Barceló. «Hablamos de algo muy grave: de la vida de las personas», ha reflexionado Pérez.