Los valencianos, indefensos ante Ómicron por el despido de 3.300 sanitarios tras los recortes de Puig

La errática política de personal de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig y Ana Barceló antes de la aparición de la variante Ómicron ha dejado desguarnecida la atención primaria valenciana, con la consiguiente indefensión ciudadana a pesar de los ímprobos esfuerzos de los sanitarios por atender a todos los pacientes.  El pasado junio, 3.300 sanitarios que reforzaban la lucha contra el covid en la Comunidad Valenciana fueron despedidos. La Generalitat, que preside el socialista Ximo Puig, consideró entonces que podía prescindir de ellos ante el descenso de los contagios. Hoy, la presencia de esos 3.300 refuerzos es más necesaria que nunca ante el histórico repunte de los contagios y el colapso de la atención primaria.

Un problema, este último, que ya empieza a tener consecuencias. Ante la imposibilidad de ser atendidos en los centros de salud, porque los profesionales ya no dan abasto, los valencianos, indefensos, comienzan a dirigirse a las Urgencias de los hospitales.

Esos 3.300 refuerzos son los que ahora reclaman los sanitarios y los sindicatos. Pero ni siquiera ese incremento de personal sería suficiente. El personal sanitario de la Generalitat Valenciana está conformado por trabajadores estatutarios y aquellos que realizan acúmulo de tareas. Los primeros, superan la cifra de 60.000 y su puesto de trabajo esta asentado dentro del sistema. Los de acúmulo de tareas son otros 6.000, que refuerzan el sistema en diferentes momentos a través de contratos. El compromiso de Puig y Barceló no es crear nuevas plazas, sino asentar a los 6.000 trabajadores de acúmulo de tareas como estatutarios. En resumen: los mismos trabajadores, pero garantizándoles la seguridad laboral.

Sin embargo, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha ido más allá. Sostiene que a esos 6.000 trabajadores incluidos en el acúmulo de tareas y a los 3.300 que fueron despedidos y que ahora echan de menos tanto los propios sanitarios como los pacientes habría que sumar otros tantos hasta llegar a la cifra de 11.000 sanitarios más.

Esas 11.000 son las plazas mínimas estructurales que necesita el sistema público de salud valenciano para evitar la indefensión ciudadana ante la presente amenaza de Ómicron y otras futuras que puedan producirse. Es decir, para evitar el colapso de la atención primaria y el estrés laboral que ese colapso, las bajas y la desesperación que produce la imposibilidad de atender todos los casos, generan en el sistema tanto en quienes atienden como en los atendidos.

Además, Puig y Barceló decidieron también prescindir de 420 rastreadores y documentalistas o, lo que es lo mismo, los especialistas en seguir el rastro de los contagios para alertar a los contactos y, al menos, paliar el avance del virus en círculos próximos a los infectados. Sin embargo, la enorme presión que en aquellos momentos realizó tanto la Oposición política como los sindicatos y el repunte del virus que ya se atisbaba con claridad hicieron rectificar ‘in extremis’.

Casi en la fecha de fin de contrato, Puig y Barceló anunciaron la continuidad de esos rastreadores. Se encontraron entonces con el problema de que una parte de ellos, ante su inminente despido, habían buscado y hallado otros trabajos. Y fue en ese momento cuando se plantearon que aquellos que no renovaran se verían afectados con seis meses fuera de la bolsa de trabajo público que ofrece la propia Generalitat.

Ahora, son todos esos problemas los que, de golpe, han aflorado de nuevo en la Sanidad púbica valenciana. Una vez más, el retorno del virus ha vuelto a mostrar las costuras deshilachadas del sistema y la falta de previsión e improvisación en un momento crítico.