El PP denuncia en Antifraude a la Generalitat de Puig por un contrato de 44,8 millones en la pandemia

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 18/01/2023 14:10
  • Actualizado: 18/01/2023 15:37

El Partido Popular ha presentado ante la Agencia Valenciana Antifraude una denuncia para investigar si existieron irregularidades y sobrecostes en un contrato millonario de material sanitario (44,8 millones de euros) durante la primera fase de la pandemia que la Generalitat Valenciana adjudicó a la mercantil de un empresario chino.

El PP ha presentado esta denuncia a través de su portavoz adjunto en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, y el portavoz de Transparencia en el citado Parlamento, Fernando Pastor, después de que le hubiera sido rechazada en las Cortes Valenciana su petición para llevar a cabo una comisión de investigación sobre el contrato que está en entredicho. 

OKDIARIO ya adelantó en octubre del pasado año que el PP denunciaría este contrato en Antifraude, tal como se ha producido ahora, para que la citada Agencia investigase los supuestos sobrecostes «sin fiscalizar» por la compra de material covid a una empresa «amiga de un alto cargo» del Gobierno valenciano. Ese alto cargo al que el PP se refería, tal como consta en la denuncia, es la actual consejera de Política Territorial, Rebeca Torró. 

Las sospechas del PP

Según la denuncia del PP, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Generalitat Valenciana adjudicó a la mercantil Comité Textil S.L. «varios contratos por un valor total de 44.902.464,03 millones de €, lo que resulta del todo sorprendente para una empresa con un capital social de 3.000 €».

Además, les llama la atención «que esa mercantil tuviera en 2019 una facturación de unos 450.000 euros, y que, en las cuentas anuales de 2020, año en el que se le adjudican los casi 45 millones por parte de la Generalitat, declare tan solo un beneficio de 511 euros» y, de igual forman, apuntan en la denuncia que «tal como consta» en el registro de contratación la propia Generalitat Valenciana «no había contratado con dicha mercantil con anterioridad» ni tampoco lo hizo «con posterioridad a los contratos adjudicados en los meses de mayo a julio de 2020».

Reseñan también que el objeto social de la mercantil adjudicataria «no está relacionado con los suministros y servicios contratados» y que los contratos adjudicados son de material sanitario y de servicio de gestión de transporte», pero que «sin embargo, la actividad de la mercantil es el comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados».

Otra de las cuestiones que ha generado las sospechas del PP es que, según reza en la denuncia miembros del gobierno de la Generalitat Valenciana «anunciaron que el empresario y administrador de la mercantil Comité Textil S. L., el Sr. Keping, tenía buenas relaciones con empresas y fabricantes de China, y que por eso se pusieron en contacto con él». Es decir «anuncian a este empresario cómo intermediario para conseguir el material sanitario» y «sin embargo le adjudican directamente el suministro de este  material, así como los servicios de gestión de transporte».

Según la denuncia, además, «tal y como consta en el Registro de Contratación de la Generalitat no se pidieron otras ofertas en los expedientes de contratación con la referida mercantil, a pesar de que consta que se adquirieron este tipo de productos con otras empresas en el propio expediente tramitado por esta Agencia» y que, sin embargo, «la Generalitat adquirió esos mismos productos a otros proveedores a un precio mucho más bajo». Es decir «que ha habido un gran incremento de coste del producto, lo que supone un perjuicio para los intereses públicos» y, por ello, sospechan de sobrecostes.

Finalmente, en la denuncia presentada en Antifraude el PP entiende que los hechos «podrían ser susceptibles de ser constitutivos de fraude y corrupción por parte Dª Rebeca Mariola Torró Soler, actual consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad», que en el momento de los hechos era secretaria autonómica, «y de los responsables que pudieran derivarse de la investigación».