El letrado de Argüeso denuncia ante el CGPJ que la juez de la DANA le impide ejercer su labor de defensa

José María Bueno, el abogado que dirige la defensa del ex secretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, ha trasladado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una nueva ampliación de la queja presentada por él mismo en julio de 2025, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en la que denuncia ante el Consejo que, mientras la juez Nuria Ruiz Tobarra siga al frente de la causa, «hay un investigado», en referencia a su defendido, «y un letrado», en referencia a él mismo, «a los que dicha magistrada priva de sus derechos fundamentales en el ejercicio de la defensa».

El escrito de queja presentado ahora por María Bueno ante el CGPJ es el quinto desde el 31 de julio del pasado año 2025, sin que hasta la fecha el Consejo haya dictado desde entonces resolución alguna sobre las citadas quejas.

En concreto, Bueno recuerda que hace más de un año ya denunció que Ruiz Tobarra «había permitido que su esposo tomase declaración a algunas víctimas de la DANA», sin autorización para ello y siendo de un partido judicial distinto al de Catarroja. Recuerda, además, que, más tarde, amplió la citada queja porque cuando solicitó en el juzgado que se le certificase por parte de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) si ello era cierto, la magistrada, en vez de contestarle, decidió abrirle una pieza separada y expulsó de la causa a otra letrada que se había adherido a su petición.

Recuerda, también, que «en numerosas ocasiones» la magistrada «ha vertido en sus resoluciones numerosos insultos y vejaciones» contra él, solo porque quiso «indagar si era cierto» si la «irregularidad procedimental», que José María Bueno califica de «grave» en su escrito, «había llegado a ocurrir por parte de los dos jueces», en referencia a Ruiz Tobarra y su marido. Y recuerda además que la instructora llegó a abrirle por este motivo una pieza separada que «cerró con la misma arbitrariedad que la abrió».

Frente a ello, Bueno consiguió el amparo unánime del Colegio de Abogados de Valencia, posteriormente avalado por el citado Consejo General del Poder Judicial.

José María Bueno recuerda que después de un año desde su primera queja contra la magistrada, el Consejo aún no la ha resuelto, lo que le «impide averiguar si es cierto» que el marido de la instructora «tomó declaración a varias víctimas sin habilitación ni autorización legal, violándose el derecho al juez legal predeterminado por la Ley, consagrado en el artículo 24 CE (Constitución Española), y sin que este letrado pueda solicitar nulidad alguna», al no poder tener acceso a ese dato, porque si solicita esa información o pide la nulidad, la juez le «abrirá pieza separada de responsabilidad».

Y que tampoco puede solicitar la nulidad «ni averiguar lo que pasa en el proceso en el que estoy personado por uno de los dos investigados, violándose con ello mis derechos como letrado y sobre todo el derecho de mi defendido a un proceso con todas las garantías».

José María Bueno pone como ejemplo de la «manera arbitraria de llevar la causa» por parte de Ruiz Tobarra sendas resoluciones. En una, la juez ordenó la suspensión de una declaración señalada para el pasado día 1 de junio porque «según ella, no se habían adoptado medidas de seguridad que permitieran el normal desarrollo de la función jurisdiccional».

En la otra, según refiere el letrado, la juez «aprovechó el cauce de dictado de una resolución judicial para contestar manifestaciones que había hecho un letrado de la acusación fuera del proceso», en referencia al letrado Rubén Gisbert.

José María Bueno sostiene también que el Consejo General del Poder Judicial «no puede demorar más su decisión (…) en aras de una correcta administración de justicia, de evitar la mala imagen que la Justicia aquí está dando, en un asunto de tanta importancia social, y para amparar que un letrado y su cliente puedan ejercitar sus labores de defensa con cumplimiento de la Constitución, y con plenitud de garantías procesales».

Además, el letrado desliza también que no descarta llevar su denuncia frente a la juez de la DANA a Europa si el CGPJ sigue demorando la resolución de las quejas contra la instructora: «No se entendería en Europa que este Consejo no sancionase a esta jueza y su marido (de ser cierto que violaron el derecho al Juez Legal) por las graves irregularidades denunciadas o que se les impusiese una sanción simbólica tipo amonestación».

En el encabezamiento del escrito de queja ante el CGPJ, José María Bueno advierte que el mismo tiene «carácter previo a la vía constitucional, si siguiera la falta de resolución».