Una defensa pide al CGPJ que la LAJ y los funcionarios digan si el marido de la juez de la DANA intervino

El abogado José María Bueno ha elevado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una nueva ampliación de la queja interpuesta por él mismo ante ese organismo el 31 de julio del pasado año 2025 en relación a la intervención en la causa del marido de la juez que instruye el caso de la DANA en la misma. En ella, Bueno solicita al CGPJ que tome declaración testifical a la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) y a los funcionarios de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja Plaza Número 3, para que digan si el juez Jorge Martínez Ribera, marido de la magistrada que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, «pudiera haber intervenido en más declaraciones de perjudicados».

Un hecho del que José María Bueno ha tenido conocimiento, como consta en el citado escrito, a través de los medios y de las redes sociales. Y solicita, también, la testifical de tres abogados intervinientes en la causa, por ser estos quienes vieron al marido de la instructora «tomarle declaración a varias víctimas». En concreto, los también letrados Rubén Gisbert, Izaskun Muria y Alexis José Aneas, representantes de otras tantas acusaciones particulares.

José María Bueno dirige en esa causa la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Este último, uno de los dos únicos investigados en el procedimiento. Y el escrito al que hace referencia este artículo es la tercera ampliación de la queja presentada ante el Consejo del Poder Judicial desde la presentación de la misma ante el mismo organismo hace nueve meses. En concreto, el 31 de julio de 2025. 

De hecho, el letrado expone, además, al Consejo, en el citado escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que hasta ahora no tiene conocimiento de actuación alguna por parte del CGPJ, respecto a la queja antes citada y las posteriores ampliaciones remitidas por él mismo. Y sostiene, al respecto, que «no se puede dilatar más» la decisión del Consejo en torno a la citada queja y sus actuaciones de investigación «en aras de una correcta administración de justicia y de evitar la mala imagen que se está dando en un asunto de tanta importancia a nivel social».

Advierte el abogado que «si es cierto que el esposo de Dña. Nuria Ruiz y ella misma violaron el derecho al juez legal, habrían cometido, a juicio de esta parte, varias faltas graves previstas en LOPJ», en referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Bueno recuerda que la magistrada le abrió una pieza separada en la causa de la DANA «y que de la misma forma que abrió, arbitrariamente cerró» por solicitar a la LAJ que le informase acerca de si el marido de la magistrada que instruye la causa de la DANA «había intervenido o no tomando declaración a los perjudicados». Y que ese hecho puede ser constitutivo de al menos dos supuestas infracciones previstas en el articulado de la LOPJ. En concreto, el 417.9 y el 418.5.

Y, de la misma forma, señala que el marido de la instructora, el citado Jorge Martínez Ribera, «de ser ciertos los hechos de que tomó declaración a víctimas de la DANA en el Juzgado del que es titular su esposa, habría cometido, como poco, una falta muy grave prevista en el artículo 417.14 de la LOPJ así como una falta o bien del 418.8 o bien del 419.4 del mismo texto legal, por la desatención a su propio juzgado».

El abogado recuerda, también, que Nuria Ruiz Tobarra «en ningún momento ha admitido que su marido participó en la toma de declaración de víctimas de la DANA». Y que «ha sancionado o intentado sancionar a los letrados que en el legítimo ejercicio» de sus «derechos» han «querido averiguar tal extremo, intentando impedir que se puedan conocer tales hechos».

José María Bueno acompaña su queja de dos escritos para que el Consejo «conozca cómo se está llevando a cabo la instrucción» de la DANA. Uno, la exposición razonada presentada por Ruiz Tobarra contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Y, el otro, «el brillantísimo y correctísimo auto del TSJ de la Comunidad Valenciana».