La izquierda valenciana se ve fuera y medita una rebaja de la barrera electoral del 5% al 3%
Puig, Compromís y Podemos necesitan a Ciudadanos para aproximarse a los 66 diputados necesarios para la reforma
El objetivo de la izquierda es facilitar la entrada de Podemos ante el actual empate técnico entre bloques
Vuelco en la Comunidad Valenciana: el PP de Mazón supera a Puig y Compromís y gobernaría con Vox
La izquierda valenciana se ve fuera del Gobierno tras las elecciones del próximo mes de mayo. Las encuestas arrojan un empate técnico entre bloques. En medio de esa situación, el socialista Ximo Puig y su Gobierno pretenden asegurar la presencia de uno de sus componentes, Podemos, en las Cortes Valencianas para facilitar la continuidad del actual Ejecutivo al frente de la Generalitat. Y ello, mediante una reforma express de la ley electoral valenciana que rebaje el listón de acceso a la Cámara del 5% al 3%, para que sea aprobada en los escasos 2 meses y 2 plenos que restan hasta la convocatoria de los nuevos comicios. Todo ello, según han confirmado fuentes próximas al Parlamento valenciano.
Para aprobar la reforma son necesarios los votos de dos tercios de los diputados autonómicos en un parlamento con 99 miembros. Se necesitan, por tanto, 66 de los diputados actuales, que quedan lejos de la suma de PSOE (27), Compromís (17) y Podemos (8). Insuficiente.
La opción que maneja la izquierda valenciana, según esas fuentes, es atraer a Ciudadanos (13), que se mueve en el límite del 5% actual, sabedor de que ni el Partido Popular ni Vox van a respaldar una reforma de este calado. Y menos, en la recta final de la legislatura, porque sería cómo cambiar las reglas del juego en los minutos finales del partido.
Ambas formaciones suman 29 diputados: 19 del PP y 10 de Vox, lo que les imposibilita bloquear la iniciativa en una votación. Pero ni sumando a todos los diputados de Ciudadanos, la opción toma cuerpo. Serían 65 y faltaría uno.
Los 5 diputados que restan se encuentran fuera de este arco. En el grupo de no adscritos. Por tanto, se trata de diputados electos, que decidieron abandonar sus siglas pero continuar con su escaño. No deben, en consecuencia, seguir la disciplina de los grupos de los que proceden.
El origen del problema que Puig y su Gobierno tienen estriba en que actualmente todos los sondeos arrojan unos resultados de empate técnico entre bloques, por lo que las elecciones se pueden decidir por un puñado de votos.
En ese escenario, la continuidad de Podemos está en entredicho porque su tendencia es a la baja, al igual que Compromís, a la que ya auguran menos representación incluso en el mejor escenario. Y la situación del PSOE comienza a preocupar. Tanto por el desgaste de los sucesivos escándalos como por los problemas que están causando decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.
La reforma express de la ley electoral valenciana lleva latente toda la legislatura e incluso la anterior. El documento está preparado hace tiempo. Pero su tramitación puede no ser tan rápida. Si finalmente se pone en marcha y se paraliza en algún momento del recorrido no alcanzará porque en marzo se cierra la legislatura y Puig debe convocar nuevas elecciones.
Tampoco está claro que el electorado aceptase de buen grado un cambio express de las reglas del juego en el tiempo de descuento, que podría concluir con un castigo mayor a las fuerzas que lo apoyen y un premio de los votantes a las posibles víctimas del mismo y movilizar en masa a los electores potenciales de esos posibles perjudicados.
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