Vox pide a Illa cerrar el «mega chiringuito» de Acción Exterior catalán de 143 millones y destinarlo a la prioridad nacional

Vox agitará este jueves el debate de la prioridad nacional en Cataluña en plena negociación de los Presupuestos de 2026, donde el Gobierno de Salvador Illa destinará 143 millones de euros al Departamento de Unión Europea y Acción Exterior, lo que significa 50 millones más que el pasado año.

Los de Abascal han registrado una moción que se debate este jueves en el Parlamento de Cataluña, en la que insta al Gobierno de Illa a eliminar todas las partidas de cooperación internacional, cerrar la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y reorientar esos recursos hacia las necesidades de los españoles, especialmente en vivienda y protección social.

La formación que lidera Ignacio Garriga en la comunidad, busca retratar a la izquierda poniendo el foco en la crisis de la vivienda y en la necesidad de proteger los recursos públicos frente a lo que considera un «despilfarro ideológico» en política exterior.

Para Vox, el PSOE y la izquierda independentista están consolidando con el dinero público a través de la Acción Exterior «una infraestructura paralela e innecesaria». Y tachan el Departamento de «mega chiringuito», cuyo gasto se diluye en «un red de entes consorcios y oficinas destinadas a la proyección de la imagen nacionalista en el extranjero».

Illa riega con 50 millones más a promocionar Cataluña en el exterior

Dicho Departamento de Acción Exterior es una de las áreas que más crece en términos porcentuales en estos presupuestos de 2026. En sólo esta legislatura, Illa ha aumentado en un 54,1% el presupuesto. Un ejemplo de ello son las 3 nuevas delegaciones en China, Jordania y Canadá que el Gobierno de Illa ha dado luz verde para este año. Además, los socialistas con el apoyo de Junts y los Comuns han acordado destinar 41 millones adicionales para «mejorar la Cooperación y el Desarrollo» en «proyectos prioritarios».

Frente a esto, Vox propone auditar el departamento y destinar la millonaria partida a la prioridad nacional en Cataluña. La formación defiende que la «primera obligación moral y política» de cualquier gobierno es garantizar el bienestar de sus propios ciudadanos antes que «cualquier agenda global o gasto exterior».

Vox pide destinar a vivienda social el presupuesto de Acción Exterior

Entre las medidas más destacadas que Vox pide aprobar se encuentran:

1. Supresión total de las partidas presupuestarias destinadas a cooperación internacional, acción humanitaria, educación para el desarrollo y fomento de la paz. Los fondos se destinarían a vivienda y ayudas sociales para españoles.
   Auditoría integral y pública de todos los programas, subvenciones, convenios y transferencias en materia de cooperación internacional financiados por la Generalitat, para detectar posibles duplicidades, ineficiencias o mala gestión de dinero público.
2. Cierre de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCCD), a la que el Gobierno de Illa destinará este año 86 millones de euros. Vox propone el traspaso de las funciones estrictamente obligatorias por ley a la administración ordinaria, liberando recursos para vivienda y apoyo a las familias.
3. Principio de prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones autonómicas. Vox propone que se priorice a quienes tengan “arraigo real, duradero y verificable” con Cataluña y España, de la misma manera que ya rige en aquellas comunidades en las que Vox gobierna con el PP (Extremadura, Aragón y Castilla y León).
   • Requisitos mínimos de arraigo para acceder a vivienda protegida y alquiler social: Mínimo de 10 años de empadronamiento histórico para comprar vivienda protegida.
   • Mínimo de 5 años para acceder a alquiler protegido o social. Valoración de cotizaciones, vínculos familiares, laborales y formativos en el territorio.
   • Exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular y a extranjeros con antecedentes penales (salvo casos de urgencia vital).
   • Exclusión específica en vivienda protegida de quienes hayan sido condenados por allanamiento de morada, usurpación de vivienda o hayan sido desahuciados por ocupación ilegal de vivienda pública.
   • Instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería) y otras normas para permitir legalmente la aplicación del principio de prioridad nacional en ayudas, vivienda pública y prestaciones financiadas con fondos públicos