La Audiencia Nacional investigará los sobornos en billetes de 500 € al ex presidente de Lérida

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida ha desestimado un recurso que pedía anular la decisión de llevar a la Audiencia Nacional el caso de presuntos sobornos al ex presidente de la diputación Joan Reñé y de pactos de colusión entre empresas de ingeniería con la Generalitat catalana. Tal como adelanta OKDIARIO, se trata de un caso que se remonta a 2016 y se abre porque los Mossos descubren que el dirigente provincial recibió billetes de 500 euros y, por el contrario, no gastó ni un euro de su tarjeta oficial al menos durante tres años. Como publicó este periódico, Joan Reñé y su secretaria, Marlen Minguell, experimentaron un enriquecimiento patrimonial «no justificado» de al menos 150.000 euros, gracias a los sobornos que presuntamente cobraron de una red de empresarios. El político convergente pagó en efectivo, por importe de 60.000 euros, las obras de reforma de su vivienda en Barcelona.

Ahora, la Audiencia Provincial de Lérida, en una resolución con la magistrada María Ángeles Andrés como ponente, ha decidido ratificar un auto que acuerda la inhibición de una pieza separada ligada al caso en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que lidera Santiago Pedraz. La resolución fue recurrida mediante recurso de apelación. El Ministerio Fiscal y otras partes fueron consultados, y se han pronunciado a favor de la desestimación del recurso de uno de los investigados.

La causa abierta en 2016 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida investiga pagos en negro al anterior presidente provincial y a otros ex cargos de la Diputación en compensación de adjudicaciones de obras públicas. En ese marco, surgió una derivada a consecuencia «del análisis de la documentación hallada en la diligencia de entrada y registro en el domicilio social de la empresa Enginyeria Inalba SL, en el despacho profesional de un hombre y en el domicilio social de Suport Ingenieria SL». Se analiza si existió «una serie de pactos colusorios entre estas sociedades y la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya SAU y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad».

«Estos pactos exceden del ámbito provincial y guardan relación con los hechos investigados por el Juzgado Central de Instrucción. Habida cuenta esta conexidad, al exceder del ámbito provincial y haber sido hallados en la investigación seguida en Lérida correos electrónicos referidos a la trama investigada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, esta Sala estima ajustada a derecho la inhibición de la presente pieza separada», concluye el fallo judicial de la Audiencia provincial.

Por su parte, el Juzgado Central de Instrucción, en un auto de 2013, ya afirmó: «Los hechos que han sido objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida en la pieza separada permiten la obtención de elementos incriminadores de la vinculación de la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya SA con la adjudicación de contratos a determinadas empresas de ingeniería de forma fraudulenta». Ya entonces se observaba «la existencia de una estructura defraudatoria».

Denuncia anónima

Fue hace casi 10 años, en 2015, cuando la Fiscalía de Lérida y la Agencia Tributaria recibieron una denuncia anónima que detallaba el presunto cobro de comisiones por parte de Joan Reñé Huguet a cambio de la adjudicación de obras. Según el aviso, se utilizaban empresas ficticias mediante un testaferro para emitir facturas falsas a las compañías adjudicatarias.

Como presidente del Consejo Comarcal del Plana de Urgel, el dirigente independentista Reñé habría adjudicado a una UTE liderada por M y J Grúas un contrato de gestión de seis depuradoras por 22,5 millones de euros, exigiendo a cambio una comisión del 8%. De esa cifra, 1,2 millones corresponderían a la mordida, aunque Hacienda sólo detectó un aumento patrimonial no justificado de 150.000 euros en las cuentas de Reñé, lo que llevó a los investigadores a sospechar que parte del dinero se habría destinado al partido Convergència.

En octubre de 2018, el Juzgado número 1 de Lérida ordenó la detención de Reñé, su secretaria y varios empresarios. Posteriormente, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata evaluó la posible incorporación de este caso al sumario del 3% de Convergència, ya que el modus operandi y las personas implicadas presentan similitudes.

Las empresas involucradas citadas intercambiaban supuestamente facturas falsas por trabajos no realizados, justificando así la salida de dinero para el pago de sobornos. Para ocultar estas actividades, se emitieron facturas falsas relacionadas con proyectos como el Canal Segarra Garrigues y la planta termosolar de Les Borges Blanques, obra inaugurada por el ex presidente Artur Mas y ejecutada por el grupo Comsa-Emte, vinculado a la familia Sumarroca, también investigada por el pago de comisiones del 3%.