Tres altos cargos del Ayuntamiento de Palma declaran sus bienes y renta tras las denuncias de OKDIARIO

Los concejales de Podemos Claudia Costa del Río y Alberto Jarabo.
Los concejales de Podemos Claudia Costa del Río y Alberto Jarabo.

Tres altos cargos del Ayuntamiento del Palma que gobierna el pacto de izquierdas firmado a principios de legislatura por el PSOE, los independentistas de Més y Podemos han presentado sus declaraciones de renta y bienes ante la Oficina Anticorrupción tras las denuncias de OKDIARIO. La última en hacerlo ha sido la mano derecha del alcalde socialista José Hila, la coordinadora general de Alcaldía, Patricia López, que se ha apresurado a presentar toda la documentación después de que el pasado sábado este medio desvelara el incumplimiento de sus obligaciones legales.

Antes de Patricia López cumplieron a toda prisa con su obligación de presentar la declaración de renta y bienes el concejal y líder de Podemos en Palma, Alberto Jarabo, y la que era coordinadora general de Participación Ciudadana, y ahora concejal de Podemos, Claudia Costa del Río. Los dos presentaron sus declaraciones a los pocos días de que OKDIARIO denunciara que estaban ocultando sus bienes y renta a la Oficina Anticorrupción.

Patricia López, como coordinadora general de Alcaldía, es el alto cargo de máxima confianza del alcalde José Hila. Dirige un departamento donde el alcalde tiene hasta siete altos cargos a su disposición. Durante estos tres años  que lleva en el cargo, Patricia López no había presentado  papel alguno en la Oficina Anticorrupción. Ha estado vulnerando así el artículo 25 de la Ley 16/2016 de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears. De hecho, su nombre figura en la lista de altos cargos que están obligados a presentar la declaración de renta y bienes.

Según este artículo clave para que la oficina fiscalice a los cargos públicos, como es su principal misión, estos están obligados a formular en el registro de declaraciones y actividades una declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, intereses y actividades. Algo que se le comunica a todos los altos cargos nada más tomar posesión y durante cada ejercicio.

La mano derecha del alcalde fue la  número 18 en la candidatura de los socialistas de Palma en las últimas elecciones municipales de 2019. Durante los tres años transcurridos  desde su nombramiento no había pasado  por la Oficina Anticorrupción, el órgano fiscalizador de bienes y rentas de políticos y altos cargos municipales, que en el caso del Consistorio palmesano afecta a un total de 74 personas.

Como el resto de incumplidores, Patricia López conocía su obligación de presentar bienes y rentas y de materializarlo en el plazo improrrogable de un mes desde la fecha de toma de posesión, o de su cese, como cargo público.

Es un caso idéntico al de Claudia Costa del Río, coordinadora general de Participación Ciudadana y ahora concejala de Podemos en esta misma área municipal, tras la crisis de gobierno de finales de junio. Hasta el pasado día 15 de julio, y tres años después de su nombramiento, no acudió a la Oficina Anticorrupción. Lo hizo de forma precipitada al día siguiente de la publicación de esta anomalía por este medio. Se desconoce, porque no se informa de ello, si este ente público dirigido por un cargo político vinculado a gobiernos socialistas, como es Cristóbal Milán, ha sancionado con un mínimo de 1.000 estos incumplimientos reiterados de los altos cargos.

El caso más llamativo es el del concejal, y líder de Podemos en Palma,  Alberto Jarabo. De los 29 ediles era el único que incumplía con la Oficina Anticorrupción al no presentar la declaración de la renta del ejercicio 2020. Los hizo después de que este medio denunciara sus incumplimientos.

Los tres altos cargos habían incumplido sus obligaciones legales de presentar la declaración de bienes y renta sin ninguna explicación. El caso más llamativo e incomprensible es el del líder de Podemos, Alberto Jarabo, que incumplió con las directrices de una Oficina Anticorrupción que él mismo había impulsado siendo diputado del Parlament balear.

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