El PP balear acusa de «irresponsable» a Sánchez por obstaculizar la creación de viviendas para residentes

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha acusado de «irresponsable» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «poner palos en las ruedas a sacar viviendas a precios asequibles» en las Islas con su amenaza de llevar a la justicia el Decreto de Emergencia Habitacional del Govern de Marga Prohens, gracias al cual se prevén cerca de 4.000 viviendas a precios asequibles en Baleares.

Sagreras ha denunciado que «Sánchez amenaza la construcción de nuevas viviendas públicas y viviendas a precios asequibles para residentes en Baleares», señalando que «tras las buenas palabras de hace dos semanas, vemos los hechos, que no son otros que poner palos en las ruedas a las soluciones que está adoptando el Govern de Prohens al principal problema de Balears, que no es otro que la vivienda. Todo por una cuestión puramente partidista».

El portavoz popular ha recordado que, con esta amenaza, «Sánchez también está atacando a ayuntamientos del PSOE como Inca, Pollença o Maó que han decidido aplicar el Decreto de Emergencia Habitacional» y que «son conscientes de que estas medidas son fundamentales para el cambio de rumbo en materia de vivienda».

Por ello, ha exigido al PSIB «que no se ponga de perfil, que se ponga del lado del Govern de Marga Prohens, de los ayuntamientos y de los ciudadanos de las islas y pida a Sánchez que no ataque las políticas para sacar vivienda asequible en las islas».

Finalmente, Sagreras ha recordado que «el Govern de Marga Prohens prevé sacar 7.000 viviendas a precios asequibles al mercado, que van a ser posibles gracias a medidas urgentes que se han adoptado, como este Decreto de Emergencia Habitacional, posteriormente tramitado como ley, y con el que se estiman 4.000 viviendas».

Sánchez presenta el aviso de inconstitucionalidad

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un aviso de constitucionalidad contra varios aspectos del decreto de vivienda y ahora el Ejecutivo autonómico  deberá analizar con el central mediante una Comisión Bilateral las discrepancias se pueden resolver de manera negociad. Si no hay acuerdo, todo el decreto acabará en manos del Tribunal Constitucional.

El Gobierno cuestiona principalmente que las disposiciones recogidas en el decreto ley se hagan a través de una norma de vigencia temporal y las modificaciones urbanísticas no se hagan a través de una modificación de planeamiento urbanístico de cada ayuntamiento.

El Gobierno estatal cuestiona la constitucionalidad de la Ley de emergencia habitacional de Baleares, derivada de un decreto aprobado por el Govern de Marga Prohens (PP) en 2023.

En concreto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido al Ejecutivo autonómico un informe advirtiendo de una serie de discrepancias, según han indicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El escrito del Ministerio alude a las disposiciones que recogen la reconversión de locales en vivienda de precio limitado, el incremento de alturas y el cambio de usos para aprovechar para vivienda terrenos destinados inicialmente a equipamientos públicos y privados.

El Estado no cuestiona el fondo sino la norma utilizada, ya que considera que debería haberse realizado mediante el planeamiento urbanístico de cada ayuntamiento.

Desde el Govern han argumentado que ese tipo de instrumentos suponen un importante retraso por la emisión de informes sectoriales y otras dificultades que encuentran los ayuntamientos. Por ello entienden que una norma con rango legal es la única forma de atajar el problema con carácter urgente.

«Esperar a la tramitación y aprobación de un instrumento de planeamiento es asumir que estas medidas no se podrán implantar», han razonado desde la Conselleria, que asegura que la Ley «respeta la autonomía municipal» porque permite a los ayuntamientos adaptar su propia regulación.

En este punto cabe reseñar que los consistorios pueden decidir si aplican, suspenden o limitan las principales medidas en su territorio; de hecho, el Govern ha incidido en que su aplicación ya se ha regulado por ayuntamientos de diferente color político.

Las fuentes autonómicas han señalado que la amenaza de inconstitucionalidad pone en riesgo la viabilidad de proyectos de unas 4.000 viviendas que se están planificando a través del despliegue de la Ley. En esta línea han insistido en el grave problema habitacional en Baleares, con precios disparados y falta de oferta en un territorio, recuerdan, limitado por la insularidad.

Por todo ello, Baleares confía en llegar a un acuerdo en la comisión bilateral con el Ministerio que se abrirá antes de llegar al Tribunal Constitucional, buscando evitar un recurso. El Govern acudirá a esa comisión con la voluntad de «hacer entender esta necesidad de adoptar medidas urgentes en el contexto actual y continuar con el despliegue de la Ley para hacer más vivienda asequible en Baleares en colaboración con los Ayuntamientos».