Qué jodía eres, cariño

Francina Armengol quiere que nos creamos que no sabía nada. Que los 3,7 millones de euros en mascarillas que su Govern compró a Soluciones de Gestión —la empresa pantalla de Víctor de Aldama— llegaron a Baleares por casualidad cósmica, que el chat de WhatsApp que mantuvo con Koldo García Izaguirre era un intercambio de recetas y que ella, presidenta del Gobierno balear y hoy presidenta del Congreso, fue una espectadora accidental de la mayor estafa sanitaria de la pandemia.

El informe de la UCO, entregado el 15 de abril al juez Ismael Moreno del Juzgado Central de Instrucción nº 2, vuelve a demostrar lo que ya sospechábamos: ni casual, ni accidental, ni espectadora. Protagonista.

Los hechos, recogidos con pulcritud forense por los agentes, son demoledores. El 25 de abril de 2020, Koldo escribe a Armengol presentándose: «Estoy con José Luis Ábalos». A partir de ese minuto, la presidenta balear abre la puerta del IB-Salut al asesor de un ministro que, según la propia UCO, cobraba 10.000 euros mensuales en efectivo de un comisionista. Al día siguiente, Armengol le pregunta por mascarillas infantiles como quien pregunta por una pizza: «¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?». Koldo responde como un camarero servicial: «Te lo arreglo», «Déjame unas horas». El precio lo negocia él. La factura la paga el contribuyente.

Pero lo verdaderamente grave, lo que convierte este expediente en algo distinto de una torpeza administrativa, es que todos supieron desde el primer día que las mascarillas no servían. El avión aterrizado en Barajas el 26 de abril venía etiquetado como «non-medical device». Antonio Mascaró, subdirector de Compras del Servicio balear de Salud, le preguntó por audio a Íñigo Rotaetxe si «no tendremos problema porque el pedido original va a nombre del Ministerio de Fomento».

El propio Mascaró escribió a Juan Martorell, jefe de compras, otra perla: «Mascareta ús civil? Mascareta ús ciutadà? Mascareta ffp2 kn95 ús extrahospitalari?». Buscaban frenéticamente una etiqueta —cualquiera— que hiciera pasable lo que no era FFP2. Acabaron fabricando una categoría inexistente: «uso domiciliario». Porque el material no iba a servir para proteger a ningún sanitario en UCI y lo sabían antes de descargarlo.

La confirmación oficial llegó el 8 de junio de 2020: el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dictaminó por escrito que ninguna de las mascarillas cumplía con los requisitos para ser consideradas FFP2. El documento está incorporado al atestado (Documento 107). Dos meses después, el 12 de agosto, el mismo Antonio Mascaró firmó un «Certificado de buena ejecución», asegurando que Soluciones de Gestión había realizado suministros «de manera satisfactoria». Es decir: con el informe del INSST encima de la mesa, la Consejería balear certificó por escrito que un material inútil era apto. Papel falsificado para blanquear 3,7 millones de euros de dinero público.

Y ahí es donde la figura de Armengol deja de ser periférica. Porque el 15 de junio, en plena factura, ella escribe a Koldo: «Necesito hablar con el ministro […] ¿Me puedes ayudar?». El 8 de septiembre, de nuevo: «Necesito hablar con el Ministro por el tema de los fondos europeos». El 2 de octubre: «Para nosotros es importante la reunión con él».

La presidenta de una comunidad autónoma, acudiendo al asesor de un ministro —al conseguidor, al cobrador— para tramitar lo que debería gestionarse por cauces oficiales. ¿Y qué recibió Koldo a cambio de esa puerta abierta? Acceso directo a la consejera de Salud Patricia Gómez, cuyo contacto la propia Armengol le facilitó el 17 de agosto («Es el número de la consejera de salud»). Respuesta inmediata de Koldo: «Vale cariño, te mantengo informada de todo». Cariño. Así se habla con la ex presidenta de Baleares.

Esa llamada abrió el segundo tiempo del partido: el contrato de test PCR de Eurofins-Megalab para aeropuertos y puertos. El 30 de octubre, Armengol envía a Koldo el PDF Propuesta de controles sanitarios en Puertos y Aeropuertos de las Illes Balears. Minutos después, Aldama reenvía ese mismo documento a Ignacio Díaz, el CEO de Fertinvest. La UCO lo formula con una contundencia quirúrgica: «Se demostraría el papel que desempeña Koldo como correa de transmisión» entre la Administración balear y los intereses privados de Aldama. La traducción al castellano corriente es más fea: Armengol entregó papeles internos de la Administración balear al comisionista que luego los convertía en contratos millonarios.

El 9 de octubre de 2024, ya con el PP en el gobierno balear, el Servicio de Salud declaró la nulidad del contrato de mascarillas. Nulo desde su origen. Inexistente a efectos legales. El dinero debe restituirse. Se desconoce si ha ocurrido.

Armengol, hoy tercera autoridad del Estado, insiste en que el informe «le da la razón». Léalo. 191 folios, 114 menciones a su nombre, decenas de mensajes firmados por ella. Mensajes donde uno de los mayores corruptos de la historia moderna le llamaba «jodía y cariño», el mismo al que negó conocer, el mismo que era la mano derecha de Ábalos y brazo ejecutor de Aldama, por cierto, el mismo Aldama que Armengol niega conocer y que, según la UCO, gracias a su amigo Koldo gestionó una cita en Palma para comer en un reservado tranquilo. Otra mentira más de la ex muy honorable, una mentira que, sostenida ante el Tribunal Supremo, tal y como la perpetró, le puede dar algún disgusto más. Recordemos que hay un «pequeño» delito en el código penal llamado falso testimonio.

Cariño, la UCO no necesita adjetivos. Con los verbos en indicativo es suficiente.

• Eduardo Luna es abogado penalista.