Piden penas que suman 490 años de prisión para 72 acusados de clanes de narcotráfico en Mallorca

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares acogerá el jueves una vista por el juicio a 72 personas, relacionadas con distintos clanes de narcotráfico de Mallorca, acusados por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La Fiscalía pide penas que en conjunto suman 490 años y medio de cárcel. Las condenas individuales van desde los cuatro años y medio hasta los 12 años de cárcel, si bien para la mayoría se piden seis años y cinco meses de prisión, según recoge la agencia Europa Press.

La Fiscalía pide también multas desde 1.200 hasta 1,2 millones de euros. Varias de las personas que se sentarán en el banquillo ya tienen condenas previas por tráfico de drogas.

La Fiscalía sostiene que los acusados se dedicaron a la venta de droga durante varios años hasta que fueron detenidos tras una investigación de la Guardia Civil. Los investigadores constataron que estas personas se integraban en grupos que operaban tanto dentro de sus propios círculos como en conexiones entre sí.

Así, la Fiscalía señala al clan de la Carmen, encabezado por la matriarca, C. S. H., con la ayuda de su hermana e hijas, y en el que se integraban varios de los acusados. El Ministerio Público sostiene que regentaban distintos puntos de venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís en Palma.

Según la Fiscalía, varios de sus miembros mantenían contacto con integrantes del Clan de Andújar, asentado en Son Banya, para aprovisionarse de droga. Al frente de este clan sitúa a C.A.M., y sostiene que daba instrucciones a su mujer desde la cárcel de Palma para dirigir la organización.

Además, la Fiscalía también señala a miembros del clan de la Eva, el clan del Moreno, el clan del Seco y el clan del Pitillo dentro de esta estructura de contactos.

El fiscal detalla que, con esta red, la actividad de los clanes abarcaba no sólo Palma sino también otros municipios como Inca, Algaida y Marratxí.

Por otra parte, uno de los acusados se enfrenta a un delito de atentado por abalanzarse, durante un registro, contra un agente de la Guardia Civil con un cuchillo, que impactó en el escudo de protección. El sospechoso se refugió en una habitación de la vivienda, de la que finalmente salió esgrimiendo el arma, pero la Guardia Civil logró reducirlo.

Varios acusados también se enfrentan a una condena adicional por posesión de armas. Se intervino una pistola de nueve milímetros, que uno de los acusados había entregado a otro de los procesados antes de huir a Albacete, donde fue detenido; y también se hallaron armas simuladas de tenencia prohibida en los registros domiciliarios.