La oposición tilda de “vergonzoso” que Baleares exija catalán a personas con discapacidad intelectual
Para el portavoz del PP, Toni Costa, es un "insulto" y Ciudadanos lamenta el peaje ideológico del PSOE con los nacionalistas
El presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, asegura que "la discapacidad intelectual la tiene el Gobierno de Armengol"
El Govern de Armengol exige ahora el requisito del catalán a las personas con discapacidad intelectual
Las tres principales formaciones de la oposición en el Parlament, PP, Vox y Ciudadanos, han cargado contra la exigencia del Govern presidido por la socialista Francina Armengol de acreditar un conocimiento medio hablado y escrito del catalán (certificado B1) a personas con discapacidad intelectual que quieran acceder a plazas de subalterno en la administración balear.
Tal y como ha publicado OKBALEARES, la convocatoria realizada para la cobertura de estas plazas por parte de la Conselleria de Presidencia y Función Pública, que dirige la también socialista Mercedes Garrido, establece que no se requerirá ninguna titulación académica para el acceso a las mismas, excepto acreditar el nivel B1 de catalán a través del certificado oficial correspondiente expedido por la Escuela Balear de la Administración Pública. Se trata del tercer nivel de dominio de la lengua catalana, por encima del A1 y A2.
Desde Vox, el presidente de esta formación en Baleares y portavoz del Grupo Parlamentario, Jorge Campos, se ha posicionado tajante al respecto: «La discapacidad intelectual la tiene el Gobierno de Armengol».
Para Campos, con esta decisión, la dirigente socialista y presidenta del Ejecutivo balear demuestra «su fanatismo catalanista que le lleva a utilizar la lengua como arma discriminatoria, incluso contra las personas discapacitadas intelectualmente».
Por ello, el número uno de Vox en Baleares se pregunta «de qué sirve reservar un 2% de plazas para estas personas, si después las van a dejar fuera por no tener catalán». En la misma línea, Campos considera que «pedir esta acreditación para unas plazas que no requieren titulación alguna demuestra su obsesión enfermiza». De cara a los próximos comicios, Campos avanzó que en Vox «nos comprometemos a derogar toda la normativa que impone el catalán como requisito excluyente».
Desde las filas del PP, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, calificó de «insulto y vergüenza que se tenga este tipo de exigencia con personas con discapacidad intelectual».
«Hasta aquí llega el límite en cuanto a la imposición del catalán en la Administración por parte de los socialistas», subrayó el diputado popular en la Cámara balear.
Para Costa, «es una absoluta vergüenza que se llegue a este extremo que obedece, sin duda, al integrismo con el que actúa Armengol a la hora de plantear este tipo de cosas». El diputado no dudó en arremeter contra «el fundamentalismo con el que actúa el Gobierno del Pacte, que es el más radical que existe en las comunidades autónomas de toda España. No podemos obviar esto, porque ésta es la realidad que tenemos en Baleares».
Desde Ciudadanos, la portavoz del Grupo Parlamentario, Patricia Guasp, expresó su rechazo también a la exigencia de certificar conocimiento hablado y escrito del catalán a las personas con discapacidad intelectual que quieran acceder a la Administración balear.
“Los liberales defendemos que el catalán debe de ser siempre un mérito para el acceso a la función pública y nunca un requisito. Es una muestra más de cómo el PSOE tiene que rendirse ante los peajes ideológicos de sus socios nacionalistas”.
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