La izquierda exige al alcalde del PP de Palma que permita los asentamientos de chabolas y de caravanas

La izquierda insta al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, que mantenga, permita y no desmantele los asentamientos de chabolas y de caravanistas ubicados en diferentes barrios y que tienen en estos vehículos su vivienda particular. Una realidad que prohíbe la actual ordenanza de circulación, y que también incorporará la nueva normativa cívica que será aprobada este mes, inicialmente, por el pleno municipal.

Aunque cuando gobernaron los pasados ocho años, socialistas, independentistas de Més y Podemos rechazaron iniciativas como la de Vox de habilitar espacios en la ciudad para los caravanistas, ahora en la oposición, exigen al gobierno en minoría del PP que actúe como ellos y no haga nada.

La propuesta que lleva el sello del PSOE, y será apoyada por sus socios de Més y Podemos, insta a «no perseguir a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda, como es el caso de quien vive en caravanas, y al conjunto de personas que carecen de hogar en Palma».

Tras dos legislaturas gobernando, para los socialistas es ahora cuando «Palma está inmersa en una crisis habitacional que requiere medidas valientes para ayudar a la ciudadanía».

Según los socialistas ante esta situación, la propuesta que hace el alcalde es «prohibir las caravanas y sancionar a las personas que se ven forzadas a vivir en ellas por no poder optar a un alquiler. Y lo hace a través de la nueva ordenanza de acoso para fomentar una teórica convivencia cívica en Palma».

Por ello apuestan por algo que no hicieron durante las dos pasadas legislaturas cuando estuvieron gobernando: la aplicación de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler; cesión de suelo público al Govern (IBAVI) para construir viviendas protegidas para alquiler; compra directa de vivienda y desarrollar un plan de acción para hacer frente a la situación de emergencia social que afecta a las personas que no tienen hogar en Palma.

También para Podemos, socios de los socialistas y en una moción presentada para su debate en la misma sesión y dirección, la nueva ordenanza cívica es «un texto que criminaliza la pobreza al incluir disposiciones que indican que no se aplicarán las sanciones si las personas son vulnerables».

Para la única concejala de esta formación en Palma, Lucía Muñoz, «la voluntad de expulsar y reprimir a las clases más invisibilizadas y en riesgo de exclusión social tendrá como consecuencia la exclusión de facto de estas personas». Para Muñoz ésta no puede ser, en ningún caso, la política pública de un Ayuntamiento, que «debería velar por la seguridad, la igualdad de condiciones y garantizar los derechos humanos básicos a toda su población, especialmente a la más vulnerable».

Por ello afirma que «sancionar a quienes ni llegan a fin de mes ni pueden permitirse un techo, es una forma cruel de perpetuar la pobreza y la discriminación hacia las personas migrantes en situación irregular, las personas en situación de prostitución, las personas en situación de sinhogarismo o que viven a infraviviendas y otros colectivos en especial riesgo de exclusión».

En el mismo pleno, también se debatirá una iniciativa de Vox en relación a esta problemática en la que se aboga por crear «espacios habilitados temporales para las caravanas buscando un equilibrio entre la necesidad y la legislación con servicios de agua, electricidad y recogida de basuras».

Sería para Vox, el Área de Bienestar Social la que deberá emitir unos informes de la situación de cada solicitante, con el fin de poder acceder a estos espacios temporales mientras el Ayuntamiento trabaja para dar solución de acceso a la vivienda. De esta forma, estos alojamientos temporales no se acabarán convirtiendo en alojamientos permanentes y en alternativas estables para la emergencia habitacional que existe en nuestra ciudad.

Debido a la gran proliferación de caravanas que aparcan y acampan en Palma, ha surgido un grave problema de tipo social, ya que la mayor parte de ellas son la residencia habitual de sus moradores, que suelen ser familias jóvenes y personas con problemas familiares o económicos, y  que por las circunstancias personales en las que se encuentran, no pueden acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler.