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Palma

Inmovilizado en Palma un ‘tuk tuk’ reincidente que afrontará una multa de hasta 9.000 euros

El Ayuntamiento de Palma recuerda que "ni ha concedido ni concederá licencias" para este transporte

Ya se han abierto siete expedientes a tres empresas que ofrecen ilegalmente este servicio

La Policía Local de Palma ha inmovilizado un vehículo de tres ruedas tipo ‘tuk tuk’ que estaba prestando el servicio de transporte de viajeros sin contar con la correspondiente autorización municipal y de forma reincidente.

La intervención tuvo lugar este martes en la plaza Francesc Rosselló Pintor, donde agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) detectaron al vehículo operando de forma irregular. Tras constatar la infracción, interpusieron la correspondiente denuncia y ordenaron la retirada del ‘tuk tuk’, que fue trasladado al depósito municipal.

Esta actuación del Ajuntament de Palma está amparada por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transporte terrestre y movilidad sostenible de las Illes Balears, que tipifica como infracción muy grave la prestación del servicio de transporte de viajeros sin autorización.

Las sanciones económicas contempladas en esta normativa oscilan entre 1.001 y 6.000 euros. Sin embargo, en caso de reincidencia de una infracción muy grave, como es la situación actual, la cantidad puede aumentar hasta un 50%, llegando a alcanzar los 9.000 euros de multa. 

Cabe recordar que el artículo 46 de dicha ley atribuye a los ayuntamientos la competencia para autorizar el transporte de viajeros en vehículos de menos de cuatro ruedas. 

En Palma, el Ajuntament no ha concedido ni concederá licencias para que los conocidos como ‘tuk tuk’ operen como transporte turístico o de pasajeros. De hecho, desde que se empezó a detectar esta actividad se han abierto hasta siete expedientes a tres empresas que ofrecían estos servicios sin la correspondiente licencia. 

Con estas intervenciones, se reafirma el compromiso del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y de actuar con la máxima contundencia contra este tipo de prácticas ilegales, que suponen una competencia desleal, un riesgo para la seguridad de los usuarios y la vulneración de la legalidad.