Inmobiliarias de Baleares advierten de que el 30% del coste de construir una vivienda son tasas e impuestos
Lamentan que el Gobierno de Pedro Sánchez utilice la vivienda como "arma política”
"El mercado no se corrige sólo con límites de precios sino con más oferta y quitando trabas"
Inmobiliarias de Baleares advierten de que el 30% del coste de construir una vivienda son tasas e impuestos, recuerdan que España sigue a la cola en parque público, mientras mantiene una de las mayores cargas fiscales sobre la vivienda. En Baleares la situación es todavía más delicada por la presión demográfica, la creación constante de nuevos hogares y la limitación estructural de suelo.
«Si seguimos por la senda de la intervención sin facilitar nueva oferta dirigida al residente, el problema solo irá a peor», asegura el presidente de la Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), Daniel Arenas, en referencia también al análisis encargado por el Govern junto al profesor Nasarre sobre el impacto de las políticas restrictivas.
La asociación reclama un cambio de enfoque basado en tres ejes: seguridad jurídica estable y predecible; colaboración real entre Gobierno central y comunidades autónomas y la activación de suelo público y agilización administrativa para vivienda destinada a residentes.
«Baleares necesita soluciones estructurales, no confrontación política. El mercado no se corrige solo con límites de precios; se corrige aumentando oferta, reduciendo trabas y garantizando estabilidad normativa», remarca Arenas.
Por ello, la entidad reitera su disposición a colaborar con todas las administraciones para impulsar medidas que permitan aumentar el parque de vivienda asequible y dar respuesta a una preocupación que, como confirma el informe europeo, ya es central para la ciudadanía.
Arenas insiste en que la intervención del Gobierno central en materia de alquiler durante los últimos siete años «ha generado una maraña legislativa que desincentiva la oferta».
«La inseguridad jurídica ha provocado una fuga masiva hacia el alquiler de temporada y ha frenado proyectos destinados específicamente al alquiler residencial. Sin oferta, cualquier intervención solo tensiona más el mercado».
La asociación considera que, en lugar de coordinarse con las comunidades autónomas, «se ha utilizado la vivienda como arma política», lo que ha provocado contradicciones normativas y bloqueo institucional.
«Resulta incomprensible que el mismo partido que impulsa y aprueba en Baleares medidas reclamadas por el sector, luego las tumbe en Madrid o las lleve al Constitucional, generando aún más incertidumbre, como fue el caso de la muy necesaria regulación de la actividad del agente inmobiliario, aprobada en Baleares y posteriormente tumbada en Madrid».
Para Arenal, finalmente, es más grave todavía es que se haya llevado al Tribunal Constitucional la ley que permite crear miles de viviendas para residentes, bloqueando su inicio y retrasando soluciones urgentes para la ciudadanía.
«Los pretextos utilizados para el continuo bloqueo de la generación de vivienda asequible ya no funcionan. Las personas necesitan una casa y no se puede tensionar todavía más la situación con argumentos políticos ni con ideologías alejadas de la realidad que viven miles de residentes en Baleares», concluye el primer portavoz de ABINI.
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