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MALLORCA

El Consell tiene dos meses para pagar el ruinoso rescate del túnel de Sóller que hizo el PSOE

La justicia ha notificado a la institución insular que tiene ese plazo para presentar la cantidad a pagar que considera adecuada

La empresa concesionaria estima el precio del rescate en unos 30 millones de euros, de los cuales ya ha recibido 16,3

La justicia ha notificado al Consell de Mallorca gobernado por el PP y Vox que tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que dictaba que el rescate del túnel de Sóller acordado por el pacto de izquierdas en 2017 era ilegal. Ahora, la institución insular tratará de reducir el coste a pagar con el objetivo de que «tenga el menor impacto posible para las arcas del Consell».

Así lo ha anunciado este jueves el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, que ha explicado que la sentencia no fijaba una cantidad exacta a pagar a la empresa concesionaria del túnel de Sóller, por lo que el Consell de Mallorca deberá presentar entre los meses de junio y julio la propuesta que consideran justa y adecuada.

Sin embargo, será el juez el que dictaminará la cantidad económica exacta que tendrá que pagar el Consell. La concesionaria estima el precio del rescate en unos 30 millones de euros, de los cuales ya ha recibido 16,3 millones. El conseller popular no ha concretado cual será la cifra final, aunque sí ha indicado que un informe pericial apunta a una cantidad «bastante elevada».

Tras la primera propuesta del Consell de Mallorca, la empresa concesionaria podrá presentar alegaciones e indicar si está de acuerdo o no con la cifra que presentará la institución insular liderada por Llorenç Galmés. Finalmente, será el juez el que dictaminará una cifra final. «Los servicios jurídicos y económicos del Consell de Mallorca ya están trabajando a fondo para la elaboración de esta resolución», ha afirmado Rubio.

Cabe recordar que el Consell gobernado por el pacto de izquierdas acordó en el año 2017 el rescate del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la carretera de peaje, situada en la variante de la C-711 del túnel que cruza la Serra de Alfabia, a cinco años de su finalización natural.

La institución, en esos momentos liderada por Miquel Ensenyat (Més) explicó que dicho rescate tenía como objetivo evitar una discriminación a los usuarios. Sin embargo, el varapalo judicial llegó y el Tribunal Supremo sentenció que la existencia misma de autopistas de peajes no es discriminatoria. Además, incidió en que la concesión se había prorrogado apenas diez años antes del rescate acordado.

De esta manera, el TS consideró que, aunque el Consell tiene la potestad de rescindir unilateralmente un contrato, debe concurrir un interés público debidamente motivado. «Tampoco se justifican las razones por las que el acuerdo del rescate no podía esperar a la conclusión del plazo de la prórroga», el 30 de junio de 2022, sentenció el Alto Tribunal.

Los partidos, en ese momento de la oposición, criticaron duramente el rescate, que calificaron como «la foto más cara de la historia». De hecho, el PP en línea con la sentencia del Supremo ya advirtió que el rescate «no estaba justificado, al acabar la concesión en 2022» y reclamó que los responsables comparecieran para «dar la cara y pedir perdón», exigiéndoles responsabilidades políticas.

Vox pide responsabilidades a Més y PSIB por el «despilfarro financiero»

Vox ha pedido responsabilidades a Més per Mallorca y el PSIB por lo que ha calificado como «despilfarro financiero» en referencia al rescate del túnel de Sóller, declarado nulo por el Tribunal Supremo (TS).

El grupo de Vox en el Consell de Mallorca ha reaccionado de este modo a la comunicación recibida por la institución para ejecutar, en el plazo de dos meses, la sentencia del Alto tribunal y han criticado la «gestión irresponsable y el derroche de fondos públicos perpetrados por los anteriores equipos de gobierno de izquierdas».

«Esta Administración, en un intento por ganar favores electorales, tomó decisiones que hoy han desembocado en una carga financiera insoportable para los ciudadanos de Mallorca», ha afirmado el portavoz de la formación en la institución insular, Antoni Gili.