El Consell de Mallorca cree «razonable» exigir cinco años de residencia para las ayudas por la guerra

El Consell de Mallorca cree «razonable» exigir cinco años de residencia para las ayudas sociales por la guerra. Así se ha expresado este sábado el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, al ser preguntado al respecto durante su visita a la Fira de la Gent Gran celebrada en Porreres.

Bosch ha celebrado que «al fin» la semana que viene se podrán aprobar, en un pleno extraordinario, las partidas económicas del escudo social movilizado por la institución para paliar las consecuencias de la escalada bélica.

La exigencia de un mínimo de cinco años de residencia legal (inicialmente iban a ser tres, pero se ha aumentado) sólo afectará a los nueve millones de euros procedentes que se destinarán al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que gestionará las ayudas de carácter social.

La exigencia de cinco años de residencia legal, ha defendido el conseller insular, permitirá que las ayudas lleguen «a quienes hacen un esfuerzo para pagar sus impuestos y hacer que el sistema social se mantenga».

«Creo que hemos llegado a una solución razonable dentro de lo que podemos hacer en nuestro ámbito. Me parece que esta propuesta de cinco años es muy razonable. Hay quienes puede ser que exigirían más, otros menos, pero nos parece una solución adecuada en estos momentos», ha subrayado.

Bosch, en cualquier caso, ha defendido que el Consell de Mallorca también dispone de líneas de ayudas dirigidas a personas que han llegado hace poco tiempo a la isla y se encuentran en «dificultades». «Somos más solidarios que nadie», ha sentenciado.

Esos nueve millones, a su vez, forman parte de un paquete de 22,5 millones de euros (inicialmente iban a ser 17,5, pero se aumentará la cuantía) procedentes de remanentes de tesorería que se destinarán a paliar los efectos derivados del conflicto bélico en Oriente Medio.

Esta partida, que previsiblemente se aprobará al menos con los votos del PP y de Vox la semana que viene, se sumará a los 12,6 millones de remanentes aprobados a inicios de abril y a los 53,5 millones de euros en obra pública que ya estaban previstos en las cuentas de este año.

Con todo, el paquete de ayudas rozará los 90 millones de euros y podría entrar en circulación a partir del próximo mes de mayo, una vez supere el trámite de exposición pública.

PSOE y separatistas en contra

Por contra, la oposición ha puesto el grito en el cielo con la exigencia de los cinco años de residencia para acceder a estas ayudas. Así, los separatistas de Més, inseparables y de la mano siempre de los socialistas de Sánchez, consideran que Vox «tiene el control» del Consell de Mallorca y no solo «condiciona» las políticas públicas, sino también «el relato, los tiempos y la comunicación institucional» del Consell de Mallorca.

La formación también ha lamentado que los populares hayan asumido el discurso de «prioridad nacional» impulsado por los de Santiago Abascal, una idea que a su parecer es «impropia de una institución que debería garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades».

La portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, ha considerado que esta decisión «pone en peligro» las medidas del escudo social anunciado hace poco menos de un mes y ha llamado al líder de la institución a «marcar distancias con la extrema derecha».

«Los socialistas de Mallorca expresamos una enorme preocupación ante la deriva ideológica que está cogiendo el Consell de Mallorca de Galmés por ceder ante los chantajes de Vox con el tema de la prioridad nacional que impone Abascal desde Madrid», ha subrayado.