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Baleares da el primer paso para derogar la Ley de Memoria que sólo reconoce a las víctimas de un bando

Vox presenta la propuesta en el Parlament que cuenta de antemano con el apoyo del PP

Es una ley que reconoce como víctimas a las del bando republicano e ignora los crímenes cometidos por milicianos y brigadistas

Vox ha registrado este miércoles en el Parlament su proposición para derogar la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares, vigente desde 2018. El registro de propuesta supone el paso definitivo para derogar la mencionada ley dado que Vox cuenta con el apoyo del PP.

De hecho, el Govern balear del PP liderado por Marga Prohens ya ha anunciado en diversas ocasiones que derogará la sectaria Ley de Memoria Democrática impulsada por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol y aprobada en 2018 por el Parlament balear. Es una ley que reconoce sólo como víctimas a las del bando republicano, ignorando todos los crímenes y asesinatos cometidos por milicianos y brigadistas de izquierdas, especialmente en Menorca.

El gobierno autonómico en minoría del PP cumplirá así el punto 48 del acuerdo programático firmado por Vox que le otorgó la presidencia a Prohens, en el que se recoge laderogación de la Ley 2/2018 de 13 de abril de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.

En ese acuerdo se pone el acento en buscar «la reconciliación, evitando la manipulación y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento», algo que vino haciendo desde su aprobación el Govern de Armengol y que se intensificó especialmente durante la pasada legislatura con el ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes al frente de la vicepresidencia de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

En la exposición de motivos y para justificar la derogación de la norma, los de Santiago Abascal sostienen que la ley de 2018 «no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos».

Sostienen igualmente que la norma que se quiere derogar atenta contra la igualdad de todos los españoles, discrimina y aparta a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales e históricas y ponen como ejemplo el bando en el que lucharon en la Guerra Civil.

Señalan también que es una clara vulneración del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento. «Las convicciones de los individuos no pueden fijarse normativamente ni impedirse su manifestación pública», dicen, añadiendo que «las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales».

El texto, por otra parte, sitúa el inicio de las «convulsiones» que desembocaron en el estallido de la Guerra Civil en la proclamación de la Segunda República en 1931. Estas «convulsiones», apuntan, «ya hacían presagiar el clima de inestabilidad social, crisis institucional y exclusión del adversario que caracterizaría a sus distintos gobiernos».

Vox enmarca, además, «lo sucedido en España entre 1931 y 1945» en un contexto generalizado a nivel europeo y «movido por pasiones ideológicas, la brutalización de la política y la deshumanización del otro».

Además, añaden que entre 1931 y 1936 «la conversación pública saltó por los aires. «La capacidad coercitiva del Estado se desmoronó, las reglas de juego fueron quebrantadas y en las calles se vivió una incesante espiral de violencia que terminó por envenenar la convivencia y por volar los puentes que aún unían a muchos españoles».

Vox defiende la derogación porque, a su juicio, «un pasado tan complejo y lleno de aristas requiere aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas». Según señalan, no ha habido nunca un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo y añaden que todavía hoy hay «encarnizados debates teóricos, metodológicos e interpretativos» sobre la época.

Para los de Abascal, la heterogeneidad de posiciones es «una sana riqueza» que se debe preservar.