La Audiencia de Baleares y tres juzgados investigan al Govern de Armengol por supuesta corrupción

La Audiencia de Baleares, dos juzgados de instrucción y uno de lo contencioso administrativo tramitan denuncias relativas con el caso de corrupción que afecta al Govern que preside la socialista Francina Armengol y que se centran en los posibles delitos de prevaricación y falsedad de documento público. También interviene en la cusa la Fiscalía de Medio Ambiente y la Oficina Anticorrupción de las Islas. Son, por tanto, cinco instancias judiciales las que participan en la causa.

El caso afecta al departamento de Industria del Govern que hasta 2019 dirgía el conseller socialista Iago Negueruela, mano derecha de Armengol, y que hoy está en manos del juez en excedencia de Podemos Juan Pedro Yllanes, que también es vicepresidente del Govern balear. La querella la presentó la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina y entre los querellados hay de momento altos cargos de Industria.

Juzgado número 7

Aparte de la querella que tramita el Juzgado de Instrucción número 1 por prevaricación y falsedad documental hay otra en el Juzgado de Instrucción número 7 y en este caso por otra falsedad documental. Se investigan en este juzgado supuestos delitos de falsedad en la elaboración de unos documentos por parte del Govern de Armengol balear con la finalidad de proteger a una serie de empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares.

La Comisión Europea recibió  una denuncia por incumplimiento de la normativa sobre seguridad industrial por parte del lobby de empresas del sector náutico e inició una investigación que quedó paralizada cuando la Conselleria de Industria, que preside Juan Pedro Yllanes, remitió un informe supuestamente falso. El expediente iniciado por la Comisión Europea caducó y la consecuencia fue que las máquinas que incumplían la normativa siguen operando en el varadero de Palma.

En un momento dado el Juzgado de Instrucción número 7 archivó el caso pero la Audiencia de Baleares le obligó a reabrirlo. Ahora está sobreseído parcialmente y a la espera de que la Audiencia resuelva un recurso.

Otro dato significativo es que el Juzgado número 7 rechazó el informe que había elaborado la Oficina Anticorrupción de Baleares cuando detectó indicios de delito en la actuación del Govern de Armengol, siempre dentro de la trama encaminada a proteger a las empresas del lobby náutico. Rechazó el informe alegando que en el mismo se hacía referencia a más personas y más hechos de los que figuraban en la querella criminal que estaba instruyendo.

El número 2 y la Fiscalía

Después está el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma donde se denunció que en el varadero de Palma se estaba incumpliendo la normativa sobre seguridad industrial al utilizarse equipos de ventilación para el pintado de buques de recreo que no cumplían la normativa.

La Fiscalía de Medio Ambiente, por su parte, está investigando los supuestos delitos contra el medio ambiente cometidos en el Puerto de Palma por las empresas del Caso Varadero.

El número 1 y la Audiencia

A todo ello se añade la querella inicial de la que ya ha informado OKDIARIO y que se interpuso en el Juzgado de Instrucción número 1 por supuestos delitos de prevaricación y falsificación de documento público. Este juzgado investigaba inicialmente una denuncia contra el Govern por no tramitar los expedientes sancionadores contra el grupo de empresas del sector náutico. Posteriormente se conoció la supuesta falsificación de  un documento público y la querella fue ampliada.

Cronología

Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando se presentó ante la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria que dirigía entonces el socialista Iago Negueruela, hoy conseller de Turismo, una denuncia formulada por el Grupo Fabkina SL contra diversas empresas que trabajan en el Puerto de Palma, concretamente en las carpas del recinto de Servicios Técnicos Portuarios del Moll Vell.

En la denuncia se especificaba que hay instalaciones de calefacción que se alimentan mediante unos depósitos de productos petrolíferos líquidos de hasta mil litros de capacidad que no están homologados por no disponer de doble capa ni de cubierta de retención. Hay incluso diversos depósitos conectados a una misma instalación que no están registrados.

El 21 de diciembre de 2018 la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria inicia el procedimiento para que todas estas instalaciones se adapten a la normativa de seguridad industrial. En junio de 2019 se inicia el expediente sancionador por incumplir la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.  El Grupo Fabkina detectó que las sanciones no se habían tramitado. La Conselleria presidida por Iago Negueruela paralizó los expedientes.

El Grupo Fabkina, viendo que estas empresas no habían sido sancionadas presentó la querella contra el director general de Política Industria. La querella se admite a trámite y el 9 de septiembre el juzgado solicita a la Conselleria con las competencias de Industria, ahora ya en manos del juez Juan Pedro Yllanes, de Podemos, todo el expediente sancionador.

El 10 septiembre, una día después de la decisión del juzgado antes mencionada, el Grupo Fabkina recibe una resolución firmada de forma manuscrita por el director general de Política Industrial, Antonio Morro Gomila, mano derecha de Yllanes, por la que se dejaba sin efecto la resolución del 1 de julio de 2019 que firmó Porras Romero sobre la apertura de los expedientes sancionadores.

La realidad es que el documento firmado el 29 de julio por el que se dejan sin efecto los expedientes sancionadores se creó y firmó realmente el 10 de septiembre y así lo atestigua el informe realizado por los peritos judiciales informáticos que está en poder de OKDIARIO.