Armengol pasa el rodillo e impone una ley turística sin consenso que congela la oferta cuatro años

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 02/03/2022 18:03
  • Actualizado: 02/03/2022 18:51

Con la ausencia más que significativa de representantes de la patronal hotelera, presencia de los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y de las camareras de habitación (las kellys) y el rechazo del grueso de formaciones de la oposición, el Parlament balear con mayoría absoluta de la coalición de socialistas, nacionalistas y populistas de Podemos, ha validado hoy la ley turística de las Islas. En concreto la Cámara balear ha dado vía libre el decreto ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo con el voto en contra de PP, Ciudadanos, Vox y los regionalistas de El PI, que han criticado la falta de consenso.

En su defensa del texto, que se tramitará como proyecto de ley, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, el socialista Iago Negueruela, que ha reclamado en varias ocasiones el voto favorable, dirigiéndose especialmente al PP, ha argumentado que la norma va «al fondo» de los principales problemas del sector turístico y propone soluciones «de fondo y calado».

Negueruela ha insistido en defender el diálogo en la negociación de la norma. «No hay críticas de nadie, solo de ustedes, todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar el modelo turístico». 

«Fuera hay menos ruido que aquí, fuera se escuchan las propuestas, no se queden en el no, trabajen desde el sí y den una oportunidad al sí», ha reiterado el conseller. Sin embargo, PP, Ciudadanos, El PI y Vox, en suma la oposición en bloque, ha coincidido en que el decreto no ha contado con el consenso de agentes sociales, ni consells insulares, y entre críticas también, al empleo de la figura del decreto ley. 

El PP ha votado en contra por haberse aprobado «de manera injustificada» y porque «afectará al primer motor económico de nuestras islas» al contemplar el decrecimiento en plazas turísticas. 

Precisamente, la diputada popular, María Salomé Cabrera, lamentó que mientras el conseller «hablaba de circularidad, sostenibilidad y camas elevables, con nocturnidad y alevosía, planeaba su moratoria para entrar por la puerta de atrás, en una burda maniobra para blanquearla». 

Desde las filas de Vox, su portavoz Jorge Campos, acusó a Armengol de «estafar a los humildes» con su decretazo turístico que beneficia a grandes hoteleros y da 22 millones de euros a los sindicatos. 

Campos denunció un texto al que ha considerado «una máquina de favorecer a los poderosos, a los grandes, y perjudicar a los desfavorecidos, a los pequeños». El diputado portavoz preguntó a la presidenta del Govern, Francina Armengol, si mantenía que el decreto ley es fruto del consenso cuando «tiene en contra a los hoteleros de Ibiza y de Menorca, al sector del alquiler turístico, al de la construcción, al de la restauración, y al del comercio, que son sectores a los que va a perjudicar». 

Especial mención ha tenido para el impacto sobre el alquiler vacacional (del que se espera la desaparición del 75 por ciento), en los pequeños y medianos hoteles y en los trabajadores a los que «asfixia». «Ha estafado usted a los humildes», afirmó. 

Campos ha sostenido que la necesidad del sector turístico pasa por incentivos fiscales, seguridad jurídica, menos burocracia administrativa y, sobre todo, menos prohibiciones, restricciones y sanciones. Frente a ello ha censurado que Armengol proponga una norma que beneficia a los grandes hoteleros a los que «les allana el negocio quitándoles competencia al bloquear las plazas turísticas» y a los sindicatos UGT y CCOO a los que se regará con 22 millones de euros para formación.