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Aragón presenta su primera oficina contra la okupación: «Se necesita mano dura con quien delinque»

El vicepresidente de Aragón y consejero de Justicia, Despoblación y Desarrollo Territorial, ha anunciado que saldrá la licitación en febrero

Aragón tendrá su primera oficina contra la okupación. Será el mes que viene cuando eche a andar al salir la licitación el próximo febrero, y a ella podrán acceder abogados y despachos abogados que acrediten experiencia en la materia. La oficina tendrá sede en cada una de las ciudades de la comunidad, para atender al problema cada día más creciente de la ocupación y dará asistencia jurídica gratuita a los afectados.

«Esperamos que en pocas semanas esté en marcha. Es algo inminente, porque la situación lo requiere», ha expresado el vicepresidente de Aragón y consejero de Justicia, Despoblación y DesarrolloTerritorial, Alejandro Nolasco, este miércoles en la calle de Montañés, epicentro de la criminalidad la semana pasada, que se saldó con dos acuchillamientos en menos de siete horas, en este zaragozano barrio de Delicias, en frente de un garaje okupado.

«Se necesita más mano dura contra los que infringen la ley», ha sentenciado. «He recibido desde que anuncie la oficina muchos mensajes de personas que me transmiten que su vivienda ha sido okupada y que han perdido todo. Este es un problema que está afectando a otros países de Europa, como Francia e Italia», ha relatado.

«Tendrá un abogado y un procurador. Además estará dotada de un protocolo de actuación muy amplio», ha detallado. Esta oficina contra la okupación en Aragón ofrecerá atención presencial e integral por profesiones del derecho y así como asesoramiento a la víctima, con el objetivo de acompañarle durante todo el proceso, tanto ante la Administración como ante la policía.

Según ha adelantado el vicepresidente, «también proporcionará asistencia psicológica a las víctimas de la okupación que lo necesiten. Imaginen que muchas personas a las que se les ha okupado la casa, lo han hecho con todos sus recuerdos dentro, y acaban por perderlo, además han podido sufrir destrozos, apuñalamientos».

«Aquí se han producido dos acuchillamientos en dos horas. La situación es crítica, los vecinos están muy asustados, encontraron hasta sangre en las papeleras», ha expresado. Además, según ha relatado Nolasco, «hace seis meses, se llegaron a quemar seis coches».

La oficina contra la okupación en Aragón

Así mismo, el vicepresidente ha hecho referencia al problema de la inmigración ilegal que subyace en este tipo de okupación, como el que sufren los vecinos del edificio de la calle de Montañés: «En la prensa parece que no se tienen que decir estas cosas, pero lo digo abiertamente, los ataques que se producen aquí en su gran mayoría son de origen magrebí, por lo que habrá que tomar medidas también en materia de inmigración ilegal».

«Estamos hartos de que el PSOE y la izquierda defienda al delincuente antes del propietario. Es terrible y no se entiende. El gobierno de Aragón siempre va a estar al lado del propietario, y nunca con el delincuente», ha añadido.

Nolasco ha instado que «los okupas sean desalojados cuanto antes, en 24 horas, y que se le den todas las facilidades al propietario para que puedan restaurar la dignidad de víctimas, y que haya un resarcimiento económico por todos estos daño».

Así como que se exonere del pago de impuestos a los propietarios de viviendas ocupadas y prohibir que el inmueble ocupado pueda ser considerado morada ni domicilio a través del empadronamiento.

La asesoría jurídica en Zaragoza

Nolasco ha aclarado que esta oficina no será «exactamente» como la asesoría jurídica contra la okupación que el Ayuntamiento de Zaragoza, a petición de Vox, instauró en 2021. En el caso de esta asesoría gratuita son los profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) quienes la gestionan.

Este lunes, fueron publicados el número de casos atendidos en tres años, una cifra que ha alcanzado las 318 consultas. Por ranking de incidencias, el distrito del Casco Histórico fue el que más demandó este servicio (20,75%), seguido del barrio de Delicias (16,7%).

De las ocupaciones denunciadas, la asesoría ha detectado que el 10,3% de los casos fueron considerados como una situación de vulnerabilidad, lo que lleva a retrasar los trámites para el desalojo. Algunos de los cuales son considerados como inquiokupas, pues son personas que firmaron un contrato de alquiler, pero, en un momento dado, dejaron de pagar.

De hecho, el Gobierno de Sánchez prorrogó en el último Consejo de Ministros celebrado en diciembre, la prórroga hasta finales del año 2024, la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.