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Admitida la denuncia de Azcón contra el grupo Santacatalina por las mascarillas ‘fakes’ que compró Lambán

El grupo Santacatalina también investigada por vacunas Pfizer falsas

El tiempo de la pandemia y las mascarillas no ha terminado aun en los juzgados de España. Los turbios negocios por parte de muchas empresas y administraciones siguen estando en el punto de mira judicial y va para largo. En Aragón, el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza ha llamado a declarar como investigados a los responsables de la empresa Santacatalina.

La Fiscalía admite así la denuncia presentada por el Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, por el contrato de mascarillas defectuosas FFP2 que realizó el anterior Ejecutivo del socialista Javier Lambán, cuyas mascarillas se encontraban en el momento de la denuncia todavía en los almacenes de Servicios Sociales situados en la plaza del Pilar.

En un informe de la Cámara de Cuentas se informaba de irregularidades de esta empresa en la compra de miles de mascarillas que podían reclamar su importe por estar defectuosas. Se trataba de un contrato realizado por parte del Instituto Aragonés de Salud (IAS) a la empresa Escrow Trust Europe Fundation, con sede en Ámsterdam, y que formaba parte del grupo Santacatalina, cuyo responsable Emilio Santacatalina era así mismo el intermediario.

El importe ascendió a la cantidad de 244.570 euros abonados anticipadamente y sin facturación electrónica, realizado el 2 de febrero, cuya mercancía se recibió el 24 de abril, tal y como informaron desde el actual Ejecutivo aragonés.

«Por parte del proveedor se emitió dos facturas por correo electrónico. La primera del 2 de abril de 2020 por un importe de 154.170 euros, y la segunda, que regularizaba o complementaba la primera, del 22 de abril, 106.518 euros. De lo que resultaba un pago favorable a la empresa de 16.117 euros. Según consta, tal y como ha informado el Gobierno de Aragón, el IAS no pagó este importe adicional de 16.117 euros que quedó pendiente a favor de la empresa», explicaron desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, en el momento de denunciar.

El perjuicio total del IAS ascenderían a una cifra total de 25.382 euros, a lo que cabría añadir los costes adicionales del transporte, tal y como ha indicado el Gobierno de Aragón. Según apuntan desde el departamento de Susín, «desde el IAS se intentó sin éxito contactar con la empresa proveedora, reclamando extrajudicialmente el reintegro del importe de las mascarillas defectuosas que se pagaron a un precio cinco veces superior a las básicas, por tener una supuesta mayor calidad», ha señalado.

Según apunta el Gobierno de Aragón, la empresa era consciente de que las mascarillas que envió al Ejecutivo de Lambán eran defectuosas, pues no cumplían las características técnicas que prometió, ya que «la factura comercial en inglés y emitida previamente por la empresa del Grupo Santacatalina dejaba constancia de no estar destinas estas mascarillas a un uso médico».

Santacatalina, investigado por vacunas falsas

La Fundación Santacatalina así como la empresa Escrow Trust Europe Fundation ya estaba señalada por fraude internacionalmente. OKDIARIO ha podido comprobar que en incluso en un diario de Brasil, Diário Do Comércio, con fecha de 7 de julio de 2020, se advertía como un «comunicado importante», de una alerta de fraude en relación a esta empresa y precisamente un grupo dedicado a la importación en el país, se excusaba en dicho anuncio de que no había comercializado con ellos.

Precisamente esta misma empresa Santacatalina un año después fue señalada de un supuesto delito de estafa a nivel europeo en 2021, tras las alertas dadas por el responsable del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, a la Guardia Civil y la Interpol, tras recibir una oferta por el comisionista Samuel Machín que actuaba de intermediario con el grupo Santa Catalina, para la compra de tres millones de vacunas Pfizer.

Tal y como informó El Periódico de España, la oferta y el modo le resultó extraño a Domínguez quien acudió al Ministerio de Sanidad, tal y como informó en julio de 2022, tramitó el aviso a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), iniciando así una investigación la Guardia Civil y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La Guardia Civil advirtió que Santacatalina tenía un entramado de empresas, así como antecedentes de diversos delitos y así mismo había sido investigada por blanqueo de capitales. De tal forma que el aviso sirvió para que la OLAF lograra enviar una «alerta rápida» para prevenir a las administraciones públicas de esta posible estafa.