El TSJA ve «ilegal» la devolución en caliente de los inmigrantes ilegales que llegan a nado a Ceuta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado ilegal la práctica conocida como «devoluciones en caliente» de los inmigrantes ilegales que llegan a nado a Ceuta, marcando un precedente significativo en la protección de los derechos de los inmigrantes. Esta decisión, que ratifica una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta, surge tras rechazar un recurso presentado por la Abogacía General del Estado.

El TSJA ha determinado que las devoluciones inmediatas de personas interceptadas en el mar o en las playas de Ceuta, sin un procedimiento administrativo previo, no están amparadas por la figura jurídica del «rechazo en frontera». Esta figura, introducida en 2015 mediante la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana —conocida popularmente como «Ley Mordaza»—, fue diseñada para aplicarse exclusivamente en el perímetro fronterizo terrestre, como las vallas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Ejecutivo la ha extendido de manera sistemática a otros contextos, como el mar, islotes o incluso el interior de la ciudad, una práctica que ahora el tribunal considera fuera de la legalidad.

Organizaciones como Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han celebrado la sentencia como un avance crucial en la defensa de los derechos humanos. En un comunicado conjunto, estas asociaciones han subrayado que el fallo obliga a las autoridades a emplear el «procedimiento de devolución ordinaria», que incluye garantías como asistencia letrada, intérpretes y una resolución formal, elementos ausentes en las devoluciones en caliente. Además, han aprovechado para exigir el cese definitivo de esta práctica, que califican de vulneradora de los principios básicos del estado de derecho.

Un historial de irregularidades

La sentencia del TSJA no es un caso aislado. En 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta ya había emitido dos fallos relevantes en este sentido, también recurridos por la Abogacía del Estado. En aquellos casos, se declararon nulas las devoluciones de dos ciudadanos marroquíes que habían llegado a nado y fueron entregados a Marruecos sin trámite alguno. Según los hechos acreditados, la Guardia Civil los interceptó en el mar o en la playa y procedió a su devolución inmediata, sin permitirles acceso a abogados ni intérpretes, una actuación que el juez consideró irregular.

Estas decisiones judiciales evidencian un patrón: la falta de garantías en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSCE) hacia personas en situación de movilidad. Las asociaciones denuncian que, desde la entrada en vigor del «rechazo en frontera», el Gobierno ha interpretado esta norma de manera expansiva, aplicándola más allá de su ámbito original y generando situaciones de desprotección. «En todos los casos analizados por la justicia, se ha comprobado que los migrantes fueron devueltos sin respetar sus derechos básicos», señalan desde las organizaciones.

Pendientes de resolución

A pesar de esta sentencia, las organizaciones advierten que el camino no ha terminado. Actualmente, hay otros dos procedimientos pendientes en los juzgados de Ceuta sobre los que aún no se ha pronunciado la justicia. Además, el fallo del TSJA no es firme y podría ser recurrido ante instancias superiores, lo que mantiene la incertidumbre sobre su aplicación definitiva.

En conclusión, la decisión del TSJA representa un golpe a las devoluciones en caliente y un recordatorio de que las políticas migratorias deben ajustarse al marco legal y humanitario. Para las asociaciones, este es un paso hacia la justicia, pero también una llamada a la acción para garantizar que los derechos de los migrantes no sigan siendo vulnerados en las fronteras españolas. Mientras tanto, la sociedad y las instituciones esperan que este precedente siente las bases para un trato más digno y legal hacia quienes arriesgan sus vidas por alcanzar un futuro mejor.